El plomo y la cancelación de las Normas Oficiales Mexicanas

A lo largo de las últimas semanas han sido frecuentes los pronunciamientos relacionados con la cancelación de diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Se trata de una decisión tomada por diversas autoridades carente de una sólida explicación, que ha encendido las alarmas en diversos sectores de la vida nacional, especialmente de todos aquellos relacionados con la salud. En efecto, conforme a lo previsto en la Ley de Infraestructura de la Calidad, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 28 de febrero de este año se publicó el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, en donde se determinaron las NOM a ser desarrolladas, modificadas o canceladas. Adicionalmente, en el DOF del 1.° de junio de 2023, se publicó el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, mediante el cual se ordenaron nuevas acciones respecto de las NOM, como lo es la cancelación de 34 de ellas. A diferencia de lo previsto en el Programa, en el Suplemento no se expresaron las motivaciones correspondientes, a pesar de que la normatividad se vinculaba con la lactancia materna, la salud escolar, el sobrepeso y la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la tuberculosis, la lepra, el cólera, el control de las adicciones y las enfermedades de transmisión sexual o por vector.

Normas Oficiales Mexicanas en salud. Ilustración: Izak Peón
Ilustración: Izak Peón

Las críticas hechas a la intempestiva y en buena medida irracional cancelación de las NOM, ha tenido un carácter más bien genérico, tal vez por la magnitud de lo decidido y de sus efectos directos y colaterales.1 Hasta ahora han sido pocos los análisis relacionados con los efectos particulares de las cancelaciones, aunque desde luego es posible advertir ya algunos de ellos. Un buen ejemplo se actualizó el pasado 30 de junio con la publicación en el DOF del “Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad para las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, que presten servicios de salud, de homologar el contenido de las Guías de Práctica Clínica o equivalentes, con los Protocolos de Atención Médica que emita el Consejo de Salubridad General”. Ello es así porque conforme a este Acuerdo se dará la sustitución de una parte importante de NOM por guías de práctica clínica conforme a los protocolos emitidos por el Comité para la Elaboración de Protocolos de Atención Médica, perteneciente al Consejo de Salubridad General.

Sin embargo, más allá de algunos casos aislados, todavía no se han explicitado los efectos de muchas de las apuntadas cancelaciones. Es por ello que resulta de particular importancia el análisis que en relación con el plomo me han compartido las doctoras Paulina Farias-Serra y Leonora Rojas-Bracho.2 La intoxicación con plomo es una epidemia silenciosa, que en México se ha mantenido en aproximadamente el 17% en los niños menores de cinco años. En el embarazo, la demanda de calcio desencadena resorción ósea, liberación del plomo ahí acumulado, su transferencia placentaria, y exposición y daño fetal. Las doctoras Farias-Serra y Rojas-Bracho sostienen que la neurotoxicidad irreversible del plomo bloquea la formación de sinapsis, impidiendo alcanzar el potencial intelectual y la capacidad de aprendizaje, atención, desempeño escolar y control de la conducta. En su trabajo concluyen que “No hay un umbral por debajo del cual el plomo en sangre no dañe la salud y sus alteraciones más comunes incluyen las neuroconductuales, cardiovasculares, renales y reproductivas”.

En el Programa Nacional señalado, se propuso la modificación de la NOM-117-SSA1-1994, relacionada al método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica. De la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, relativa a los criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio o vanadio. De la NOM-199-SSA1-2000, concerniente a los niveles de plomo en sangre y acciones como criterios para proteger la salud de la población expuesta no ocupacionalmente. De la NOM-047-SSA1-2011, “Salud ambiental. Índices biológicos de exposición para el personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas”. De la NOM-231-SSA1-2016, relativa a los límites máximos permisibles de plomo y cadmio solubles en los artículos de alfarería vidriada, cerámica vidriada, porcelana y artículos de vidrio.

En lo que se refiere a las cancelaciones, en el Programa Nacional se propuso la de la NOM-004-SSA1-2013, “Salud ambiental. Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo”, y la de la NOM-199-SSA1-2000, “Salud ambiental. Niveles de plomo en sangre y acciones como criterios para proteger la salud de la población expuesta no ocupacionalmente”. Igualmente se propuso la cancelación del proyecto de NOM-003-SSA1-2018, “Salud ambiental. Requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas y productos relacionados”.

Por curioso que parezca, las tres cancelaciones se sustentaron con la misma justificación: “En atención al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, a los Proyectos Prioritarios de esta Autoridad Normalizadora alineados a los objetivos de creación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública determinados por la Secretaría de Salud y considerando las capacidades con las que se cuenta para su debido cumplimiento y contribución al desarrollo económico y protección de los objetivos de interés público, la cancelación de esta norma no se apega a los fines antes mencionados”. La primera parte de este argumento quiere sustentarse en un conjunto de disposiciones sin precisar, desde luego, sus aspectos específicos; la segunda parte, por el contrario, alude a la falta de capacidades de las autoridades sanitarias encargadas de aplicar y hacer valer las propias NOM. Ambos argumentos son en sí mismos contradictorios, al extremo de poner en evidencia más el uso de una verborrea justificativa que la expresión de razones encaminadas a la construcción de una verdadera política pública.

Más allá de la pobre justificación vinculada a la cancelación de las NOM vigentes o en proyecto, lo importante es considerar sus efectos sobre la salud pública de la población nacional, a partir de la evidencia y con ello la certeza de los daños causados por el plomo. La comprensión de estos efectos pasa por la identificación de las funciones normativas de ese tipo de disposiciones. Conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad, las NOM son disposiciones mediante las cuales se confieren facultades regulatorias a las autoridades, se imponen obligaciones a los particulares y se prevén, en muchos casos, las consecuencias al incumplimiento de éstas, inclusive por la vía de sanciones. Al desaparecer de nuestro orden jurídico tales NOM, lo cierto es que, por una parte, las autoridades perderán posibilidades de intervención respecto a los productos o servicios en los que estén inmiscuidos componentes de plomo; y, por otra parte, los particulares no tendrán por qué satisfacer ciertos mínimos o estándares de prestación de esos servicios o producción de esos bienes. Además, las posibilidades sancionatorias desaparecerán, en tanto técnicamente no podrá hablarse de incumplimientos ante la falta de existencia de la norma que podría prever los supuestos de éstos.

Lo que en rigor observamos ante la cancelación de las NOM señaladas, es la pérdida de capacidades de las autoridades mexicanas frente a un grave problema de salud pública. Como lo señalan las doctoras Paulina Farias-Serra y Leonora Rojas-Bracho, “La exposición y daños del plomo son prevenibles. Una normatividad actualizada protegería a la población de una inteligencia mermada, que no permite su desarrollo pleno. En Estados Unidos, el CI promedio en los menores de cinco años se incrementó en 5 puntos al reducirse en 90% la concentración de plomo en sangre, gracias a las normativas para reducir la exposición a plomo entre 1970 y 2000”. Desafortunadamente, la comprensión de estos fenómenos y la adecuada protección de la población no parecen haber sido consideradas por las autoridades de salud que tomaron la decisión de cancelar las NOM señaladas. Si en verdad hubieren tenido razones sólidas para proponer tal curso de acción, debieron emitir justificaciones robustas susceptibles de una discusión pública informada y basada en evidencia. Lejos de ello, prefirieron refugiarse en una pobre retórica de apariencia legalista y en un triste reconocimiento de sus capacidades regulatorias. Quienes resulten afectados por la contaminación del plomo en los bienes o servicios que están recibiendo y recibirán en el futuro, legítimamente podrán demandar a las autoridades que hoy están tomando tan perniciosas decisiones, por su incapacidad técnica, acomodo o complicidad.

 

José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro, miembro del Colegio Nacional e investigador en El Colegio de México


1 Al respecto pueden consultarse los dos artículos que publiqué recientemente en el periódico El País “La cancelación de las NOM como síntoma patológico” y “La cancelación de las normas oficiales mexicanas”, que se encuentran en los siguientes enlaces:
https://elpais.com/mexico/opinion/2023-07-04/la-cancelacion-de-las-nom-como-sintoma-patologico.html
https://elpais.com/mexico/2023-06-08/la-cancelacion-de-las-normas-oficiales-mexicanas.html

2 Agradezco a ambas investigadoras el que me hayan compartido su investigación “Atendamos la epidemia de intoxicación con plomo: necesitamos las normas oficiales mexicanas para proteger la salud de la población”, de próxima publicación. Así mismo, agradezco a Natalia Cossío Charvel su entusiasta apoyo para la realización de mi estudio.

Escribe tu correo para recibir el boletín con nuestras publicaciones destacadas.


Publicado en: Justicia social