Tiempos totalmente distópicos entre los vecinos del norte y algunos vecinos del sur, o hasta vecinos lejanos de cierta parte de la vieja Europa. Parece que Margaret Atwood los veía venir. Mujeres criadas para reproducirse; mejor dicho, forzadas para reproducir los engendros de los hombres que las gobernaban. Pasados (no tan pasados), presentes (no tan lejanos) y futuros cercanos, con una característica común: el control del cuerpo y de la reproducción de las mujeres, niñas y adolescentes. Lo que sucede en algún lugar del mundo, nos toca a todas.

Ilustración: Víctor Solís
Ilustración: Víctor Solís

Parece que regular, criminalizar, castigar y pontificar sobre el aborto (inducido, espontáneo, sobre un ectópico, sobre un feto malformado) es tema y derecho de todos (digo todos a propósito, refiriéndome a una mayoría de hombres), menos de la persona directamente interesada, que en eso se puede jugar la vida, la salud, su presente y su futuro. Sobre todo, si ella es un miembro más vulnerado y vulnerable de la sociedad. Si vive en Guanajuato o Querétaro, o en Texas o en El Salvador o en Polonia, si sobrevive por debajo de la línea de pobreza, si no tiene ingresos, si no llegó ni siquiera a secundaria, si es afrodescendiente o indígena o migrante o refugiada, si vive en situación de violencia, si se casó/la casaron cuando era niña o adolescente, si no tuvo acceso a anticonceptivos, inclusive si no supo o no pudo acceder a la anticoncepción de emergencia, cuando le hubiera podido salvar la vida, el presente y el futuro. Generalmente estas condiciones se suman y intersecan, lo que hoy llamamos la interseccionalidad del género: aun viviendo en la Ciudad de México, hay niñas de 10-12 años que dan a luz. Y aun viviendo en Guanajuato, hay mujeres que pueden acceder a un aborto seguro, sin el riesgo de infectarse o perforarse y sin miedo de ir al hospital para terminar en la cárcel.

Cuando decimos “las mujeres no se embarazan para abortar”, es en serio. El aborto no se escoge, es el resultado de una larga y predecible o improvisa e imprevista falta de opciones. Los datos hablan claro y fuerte: en el mundo casi tres de cada diez embarazos, y seis de cada diez embarazos no intencionados, terminan en abortos inducidos; entre 10 y 20 % de todos los embarazos terminan en abortos espontáneos. En México, una de cada diez camas en hospitales de maternidad es ocupada por una mujer que está sufriendo un aborto.

Ante esto, el Estado, los Estados, las instituciones deben asumir sus responsabilidades: educación para todos y todas, pero una educación que sea significativa, que sepa entretener y retener y que no expulse a las niñas y adolescentes; trabajos “decentes” (como dice el lenguaje de Naciones Unidas), pagados por lo que valen, que permitan vivir presentes y planear futuros dignos; educación sexual integral, en las escuelas y afuera de las escuelas; servicios de salud de veras accesibles, abiertos donde y cuando los necesiten las personas, de calidad; prevención y atención de la violencia, dentro de las familias y en la comunidad.

Y finalmente, sacar el aborto de los Códigos Penales, porque, en contra de lo que dijo una terrible corte conservadora en Estados Unidos, así lo dicen la Suprema Corte de Justicia de México, de Argentina, de Colombia, y así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Para tratarlo como lo que es: un tema de salud. Y de justicia social.

 

Raffaela Schiavon
Médica por la Universidad de Padua, y Ginecóloga por la Universidad de Trieste, Italia. Ha sido encargada del Servicio de Biología de la Reproducción del Hospital General de México y jefa del Servicio de Salud Reproductiva en el Instituto Nacional de Pediatría. Miembro del Colegio de Bioética, A. C.