En una democracia de derecho, constitucional, como es la nuestra, por lo menos en el papel, la diversidad de creencias es una realidad que formalmente obliga a nuestra República y a nuestro Estado a ser laicos. Esta laicidad supone una distinción entre política y religión, entre Estado y agrupaciones religiosas, así como entre público y privado.

En el caso más reciente, es fehaciente la existencia de una conspiración de personas para cometer un plagio, por ello, aunque lo intenten, no hay forma de argüir inocencia. Resulta imposible desvincular conductas entre el asesor y los tesistas que presentan el mismo trabajo, con independencia del orden en que lo presentaron.