Del 3 al 6 de mayo, en Vancouver, Canadá, se llevó a cabo la Novena Conferencia Mundial de Integridad de la Investigación. Su propósito fue reunir a universidades, centros de investigación, inversionistas, editoriales, gobiernos y personas dedicadas al diseño de políticas de integridad en la investigación. Este foro, de carácter bianual, permite identificar las preocupaciones principales de la comunidad científica frente a los riesgos y amenazas que afectan el desarrollo de la investigación y la confianza pública en la ciencia. En esta edición, dos temas aparecieron de manera reiterada: el uso de la inteligencia artificial generativa y los paper mills o fábricas de papel.
En el caso de la inteligencia artificial generativa, nadie la satanizó ni propuso erradicarla. Por el contrario, se reconocieron algunas de sus ventajas: puede mejorar la calidad del lenguaje, favorecer condiciones más equitativas para publicar y participar en procesos de revisión por pares, facilitar la traducción, ayudar a detectar errores antes de la publicación y acelerar ciertas etapas de la investigación y su divulgación. A cambio, se insistió en que su uso debe ser transparente, responsable y ético. La pregunta ya no es si debe utilizarse, sino bajo qué condiciones de transparencia, trazabilidad y responsabilidad.
Los paper mills constituyen una de las mayores preocupaciones actuales. Se trata de organizaciones que producen o comercializan manuscritos fraudulentos y que pueden estar vinculadas con redes de autoría falsa, revisión por pares manipulada, citas artificiales o captura de espacios editoriales. Su expansión no puede entenderse sin atender los incentivos perversos que atraviesan a la academia contemporánea: el publish or perish, publica o perecerás, o la tiranía de las métricas y la evaluación del impacto por encima de la calidad.
Frente a estos problemas, una de las respuestas más mencionadas fue la educación. La formación en integridad no puede limitarse al posgrado ni aparecer sólo cuando una persona ya está investigando. Debe estar presente en todas las etapas de la trayectoria académica: desde la educación técnica y profesional hasta la formación especializada en investigación.
La pregunta, entonces, no es sólo qué amenaza hoy a la integridad de la ciencia, sino qué tan preparado está México para reconocer, medir y enfrentar esas amenazas. La realidad es que no conocemos con precisión el tamaño del problema. Por un lado, en un país donde la corrupción estructural atraviesa numerosas instituciones, sería ingenuo suponer que la academia y la ciencia están al margen de esas prácticas. Por otro, los pocos casos que se han hecho públicos sobre faltas a la integridad científica se han concentrado, en su mayoría, en el plagio. Si de por sí discutimos poco el tema, mucho menos hemos construido criterios institucionales claros para abordarlo.
Por desgracia, en México se sigue confundiendo la integridad con la legalidad. Se insiste en que, si una conducta no está expresamente prohibida, entonces está permitida; o se exige identificar el fundamento jurídico que la prohíbe antes de reconocerla como indebida. Pero la integridad académica y científica pertenecen, ante todo, al campo de la ética profesional e institucional. Algunas de sus exigencias pueden traducirse en normas, procedimientos o sanciones, pero su fuerza no depende sólo de que una conducta esté legislada. Hay prácticas que, aun sin estar descritas en una ley, erosionan la confianza, deterioran la calidad del conocimiento y dañan la vida académica.
Con estos antecedentes conviene mirar lo que sucede en México. La educación se encuentra casi en su totalidad en manos de la SEP; la ciencia, en la SECIHTI; y la Secretaría de Salud conserva parte de la regulación relacionada con la ética de la investigación, que, si bien no es lo mismo que la integridad científica, permite advertir la fragmentación estructural y administrativa de las políticas públicas en la materia. El resultado puede resumirse con cierta crudeza: no hay coordinación, no hay objetivos nacionales claros, no hay seguimiento y, en muchos casos, ni siquiera hay definiciones compartidas.
La postura que un grupo de investigadores hemos promovido parte de una idea sencilla: se practica lo que se enseña. Para que haya buena ciencia debe existir una buena formación académica. Por eso, la integridad académica y la integridad científica no deben verse como áreas separadas, sino como un continuo. Sin un hilo conductor que dé congruencia a la formación, la evaluación, la investigación y la publicación, difícilmente se logrará una cultura institucional sólida.
La integridad científica no empieza cuando una persona firma un artículo, somete un protocolo o responde a una denuncia. Empieza mucho antes: en la forma en que aprende a estudiar, citar, colaborar, reconocer autorías, usar datos, declarar conflictos de interés y pedir ayuda cuando no sabe. También se forma en la manera en que las instituciones enseñan, evalúan, premian, corrigen y acompañan a sus estudiantes y profesores.
Si México quiere fortalecer su sistema científico debe empezar por reconocer que la integridad no se improvisa al final del camino. Se cultiva desde el aula, se sostiene mediante instituciones coherentes y se protege con políticas públicas capaces de articular educación, ciencia y ética. Sin esa agenda común, seguiremos reaccionando tarde ante problemas que ya forman parte del presente de la investigación a nivel global.
Bernardo García Camino
Miembro del Colegio de Bioética, A.C.