El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común alrededor del mundo y, según las cifras más recientes, contagiará a entre el 80 % y 90 % de la población mundial. La relevancia sanitaria del VPH radica en su estrecha relación con el cáncer cervicouterino, CaCu, responsable de entre el 90 % y 93 % de los casos. Esta enfermedad representa la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial y la segunda en México.
Encontramos planes, manuales y estrategias internacionales y nacionales hacia su prevención, donde destacan dos niveles principales: la prevención primaria (vacunación[1]) y la secundaria (detección y tratamiento temprano). Los hallazgos consisten en que ambos se enfocan en las mujeres como prioridades de atención sanitaria, como personas vulnerables y de riesgo, asumiéndolas como única población blanco de las condiciones más graves de esta infección a partir de tener en cuenta sus hábitos sexuales y conductas de riesgo en el contagio. Lo último involucra el inicio temprano de la vida sexual, la promiscuidad, y el hecho de haber tenido múltiples partos.
En esta visión oficial del CaCu, el fenómeno se ha reducido a una narrativa en donde el virus es la causa única del CaCu, cuya transmisión es reducida al contagio sexual y cuyas víctimas principales son las mujeres, desplazando el debate sobre su prevención y atención hacia sus cuerpos y hábitos sexuales individuales. Es importante mencionar que, aunque el CaCu es el cuarto tipo de cáncer más común en mujeres a nivel mundial, el 80 % de las muertes se concentran en países de ingresos bajos y medios, afectados por procesos de racialización y empobrecimiento lo cual muestra que el impacto del VPH trasciende lo biológico para posicionarse como un problema de justicia social. Si la biología del VPH, entendida como separada de lo social, fuera lo único relevante en el problema sanitario del CaCu, su tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad se distribuirían con cierta regularidad por todas las comunidades infectadas por VPH. Pero no es el caso.
En este sentido, la pregunta es: ¿por qué, a pesar de que el VPH contagia a la gran mayoría de la población mundial (90 %), en México deriva en el CaCu y persiste como la segunda causa de muerte femenina por cáncer, siendo éste, uno de los más prevenibles, mientras que en países con alto índice de desarrollo humano como Australia está próximo su erradicación?
Para dar respuesta a lo anterior, no podemos limitarnos a profundizar en la importancia de la biología del virus, bajo la premisa de que la realidad se divide, según la versión científica ortodoxa, en dos compartimentos claramente separables: el aspecto biológico (u «objetivo») de la enfermedad, por un lado, y el social, por el otro. El ámbito social queda invisibilizado al considerar sólo el aspecto infeccioso de la enfermedad. Y según el punto de vista ortodoxo, ambas instancias o compartimentos se relacionarían bajo una dirección causal única, donde la biología del virus y su transmisión determinan los problemas de salud pública que la sociedad debe de atender, a través de idear políticas públicas en la materia.
Del mismo modo, cabe preguntarse si enfocar las políticas de salud exclusivamente en «las mujeres» (bajo una visión cis[2], y endosex[3]) no responde, en realidad, a una norma social y política preestablecida, privilegiando una sobreexposición de las conductas heterosexuales[4] mientras invisibiliza otras subjetividades, excluyendo a diversas comunidades que pueden ser afectadas –hombres heterosexuales o personas LGBTIQ+– promoviendo así una cis-hetero-endosexogenerización del VPH.
Al ignorar otros factores de riesgo y otras poblaciones vulnerables al cáncer atribuible al VPH, lo social y lo político terminan por alterar nuestra comprensión de lo biológico, sesgando el conocimiento científico y la eficacia de las propias políticas públicas. Para trascender la narrativa oficial, el realismo agencial[5] de Karen Barad ofrece herramientas más integrales.
Para Barad, no existe una separación clara entre lo social y lo material –y, en este caso, en el ámbito estrictamente biológico, tampoco hay una sola relación causal predeterminada en los fenómenos. Al adoptar esta perspectiva, no pretendemos negar que la biología pueda originar problemas de salud pública objetivos, pero tampoco que factores sociales como la desigualdad y la violencia puedan derivar en consecuencias biológicas. Bajo este enfoque, transformar nuestra comprensión sobre el VPH es el primer paso para dejar de ser observadoras pasivas y convertirnos en agentes que reconfiguren la forma de entender y confrontar este fenómeno biológico y social. Sólo así será posible diseñar políticas públicas en México que se dirijan hacia una política de prevención basada en la justicia social, el acceso universal a la salud y el cuidado de la vida.
Lo anterior implica reconocer la heterogeneidad del VPH (alto y bajo riesgo) y sus múltiples órganos blanco (pene, ano, orofaringe, vulva y vagina), capaz de afectar cualquier corporalidad. De hecho, se estima que uno de cada tres hombres mayores de 25 años está infectado con al menos un tipo de VPH, y uno de cada cinco presenta variantes de alto riesgo oncogénico. También es importante enfatizar que la transmisión del VPH puede ser a través de diferentes vías: las hematógenas (transplacentarias), de membranas, vías fómites (a través de objetos), a partir de contacto genital (aunque no exclusivamente a raíz del coito). Al mismo tiempo, es necesario reconocer que su evolución oncológica depende de factores que actúan en sinergia: condiciones materiales (cepas HR-HPV, es decir, de alto riesgo); espaciales, del sistema hospedero (genética, inmunidad, factores ambientales como tabaquismo y desnutrición relacionada a menudo con pobreza) y temporales (7 a 10 años de persistencia a partir de un contagio). Además, es crucial enfatizar que todas las personas, con independencia de nuestro género, podemos contraer VPH y puede evolucionar de formas impredecibles y dañinas para la salud.
La femenización de la enfermedad está precedida por juicios morales que generan estigma y culpa. Según Karen Barad, existen prácticas discursivo-materiales, condiciones que a través de discursos pueden afectar materialmente los procesos. Consideramos que el prejuicio médico lo es cuando excluye a pacientes precarizadas o racializadas por temor a ser juzgadas, interrumpiendo su acceso a la salud. Este retraso sistémico permite que el virus se vuelva letal, demostrando que el juicio social actúa como una fuerza material con efectos biológicos reales.
Por ello, es fundamental que, por un lado, se combata los sesgos sobre la “irresponsabilidad individual” o la promiscuidad como las causas de su contagio. Por otro lado, es fundamental que las políticas de vacunación sean amplias y no se excluya a las poblaciones masculinas ni se priorice que, los recursos económicos disponibles para dicho fin, se enfoquen exclusivamente en poblaciones infantiles. También las mujeres y hombres adultos pueden contraer el virus sin que circule, hasta ahora, información fidedigna sobre la disponibilidad de vacunas o las formas en que opera su contagio.
Martha Nussbaum propuso en Las mujeres y el desarrollo humano (2000) la perspectiva del desarrollo de capacidades humanas centrales como ideal regulativo para avanzar en muchas áreas del desarrollo humano en contraposición a otros enfoques económicos que priorizan aumentar el PIB y otros recursos materiales en las poblaciones. Consideramos que esta perspectiva podría contribuir a identificar qué fines sociales priorizar –medidas urgentes de salud individual con base en los cuales se genere políticas fundamentales de salud pública– sin importar cuál sea el género de las personas, y de si tienen altas probabilidades o no de enfermar gravemente a partir del contagio de un virus como el VPH.
Las políticas de salud integral deben de ser, sobre todo, preventivas y las políticas de vacunación, inclusivas. Por ello, al acercarse a una visión amplia de las capacidades humanas centrales, como facultades que vale la pena desarrollar de manera individual, también se privilegia, al mismo tiempo, una perspectiva de salud pública solidaria y colaborativa que pueda cuestionar sesgos sexistas y prejuicios sociales que vayan en detrimento de la salud de grupos vulnerables y racializados de personas.
Por ello, para proponer una bioética de la responsabilidad compartida, es urgente comprometernos con perspectivas que abonen al cambio en el paradigma científico que muchas veces descarta que puedan existir sesgos sexistas o falta de neutralidad en el abordaje que se hacen de los problemas médicos. La incorporación de dicho enfoque en torno a la investigación de las causas que generan el contagio de VPH y, el posible desarrollo de Cacu, es fundamental para contribuir a políticas de salud adecuadas y que no reproduzcan sesgos de género.
[1]En México, desde 2012 se incluyó en el Programa Estatal de Vacunación Universal, contemplando sólo a niñas de quinto año de primaria o de once años si no estaban en el sistema escolarizado. Aunque el 29 de diciembre de 2017 la Gaceta Oficial de la Ciudad de México estableció la aplicación anual de la vacuna contra el VPH a niñas, niños y adolescentes, la vacuna se siguió aplicando solo a la población femenina. En septiembre de 2024, la Secretaría de Salud publicó los Lineamientos generales: Campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), 2025, donde se establece que el esquema de vacunación debe considerar a niñas y niños de quinto grado de primaria o de once años si no están en el sistema escolarizado. A la fecha no tenemos datos disponibles de cuantos niños han sido vacunados.
[2] Al tomar como sinónimo el ser mujer con el tener cérvix y útero.
[3] Que se ajustan a la normativa genital dimórfica, es decir, a la clasificación de dos formas biológicas sobre la base de la reproducción.
[4] Por el ocultamiento de prácticas sexuales diversas, y la sobreexposición de la vulnerabilidad femenina en conductas sexuales de riesgo relacionadas con la promiscuidad, por ejemplo.
[5] El Realismo agencial de Karen Barad sostiene que existe una realidad constituida por un sistema de agencias, esto es, a través de la intervención de varias intencionalidades aunque no necesariamente de modo voluntario. Las entidades, que pueden ser humanas o no humanas, para Karen Barad, están en intra-acción, donde cada entidad que constituye un fenómeno no posee límites claros entre los compartimentos “biológico – objetivo” y el social al que nos referimos al principio.
Diana Alethia Guerrero Hernández
Profesora de la Facultad de Ciencias, candidata a Doctora en Filosofía de la Ciencia, integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género y de la Academia Mexicana de Estudios de la Diversidad Sexual y de Género.
Itzel Mayans Hermida
Profesora e investigadora en el Instituto Mora, Doctora en Filosofía política por la UNAM e integrante del Colegio de Bioética AC.
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