La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder, real o como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que resulta o tiene una alta probabilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, alteraciones en el desarrollo o privaciones.1 Desde una perspectiva de salud pública, se aborda la violencia con un enfoque ecológico, que considera los factores de riesgo e influencias en distintos niveles: individual, relacional, comunitario y social. Este enfoque reconoce que la violencia no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una interacción compleja entre factores biológicos, personales, sociales, culturales y ambientales. Así, la prevención requiere intervenciones que aborden los determinantes sociales subyacentes, como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades para reducir su incidencia y mitigar sus efectos.
Ilustración: Víctor SolísLa bioética, como disciplina que examina los aspectos éticos, legales y sociales vinculados con las ciencias de la vida y las relaciones humanas, proporciona un marco valioso para analizar el fenómeno de la agresión social y sus implicaciones. A partir de los principios de justicia, no maleficencia y beneficencia, podemos cuestionar la distribución de recursos y oportunidades en la sociedad y cómo las desigualdades generan condiciones que propician la agresión. El principio de justicia exige una asignación equitativa de bienes y servicios para reducir la desigualdad que perpetúa estos conflictos. A su vez, la no maleficencia implica evitar el daño, lo que abarca no sólo la prevención directa de actos agresivos, sino también la eliminación de las condiciones sociales que los favorecen. Por último, el principio de beneficencia promueve acciones que favorezcan el bienestar general, incluyendo la implementación de políticas públicas que aborden las causas estructurales subyacentes a estos problemas sociales.
El análisis de la violencia se torna particularmente crítico ante el contexto de las juventudes en México. Según el censo poblacional, existen cerca de 38 millones de jóvenes, lo que equivale al 30 % de la población. Seis de cada diez han experimentado algún tipo de violencia y la primera causa de muerte de 15 a 29 años es el homicidio. Las juventudes enfrentan múltiples factores de riesgo, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad criminal, donde la falta de oportunidades educativas, laborales y sociales incrementa significativamente la probabilidad de su involucramiento en actividades ilícitas. La exclusión social y el estigma son barreras adicionales que dificultan su integración plena en la sociedad, y es aquí donde surge la necesidad urgente de diseñar políticas públicas que reconozcan esta complejidad.
La situación de los jóvenes en México plantea serias preocupaciones sobre la justicia social; la violencia no se distribuye de manera uniforme en la sociedad, sino que afecta de forma desproporcionada a aquellos que viven en condiciones socioeconómicas más precarias. La falta de políticas efectivas que aborden las necesidades de estas poblaciones y que generen oportunidades reales de inclusión social, contraviene los principios de justicia y beneficencia, al no garantizar un entorno que fomente el desarrollo saludable y el bienestar de los jóvenes. Además, se vulnera el principio de no maleficencia cuando el Estado no protege a las juventudes de contextos peligrosos, y no implementa medidas preventivas eficaces.
Para abordar de manera integral la violencia en México y sus efectos en los jóvenes, es imprescindible adoptar una perspectiva de salud pública y una visión bioética que considere la violencia como un problema multifacético, con raíces profundas en la estructura social. La atención integral de las causas de la violencia requiere intervenciones que no sólo reaccionen a los síntomas, sino que actúen sobre los determinantes sociales subyacentes, como la pobreza, la educación y la exclusión social, entre otros. Una política de prevención centrada en la bioética implicaría garantizar que las acciones del Estado, además de evitar que se cause un daño, promuevan el bienestar colectivo y la justicia social.
Para reducir los factores de riesgo y prevenir la entrada de los jóvenes en el mundo del crimen, es fundamental crear políticas que respondan a las causas estructurales detrás de la exclusión juvenil, brindando espacios de pertenencia, alternativas educativas y laborales sostenibles, y recursos humanos capaces de guiar y acompañar a estas juventudes en su proceso de reintegración. La inclusión de herramientas como la mediación comunitaria y la justicia restaurativa pueden ser eficaces para lograr la resolución pacífica de conflictos, y reducir la reincidencia delictiva.
En conclusión, es necesario que la violencia sea tratada como un problema de salud pública, adoptando intervenciones basadas en evidencia que apunten a mejorar los determinantes sociales. La integración de una perspectiva bioética permitiría no sólo abordar el fenómeno delictivo en sí, sino transformar las condiciones que lo sustentan, avanzando hacia una sociedad más justa y segura en la que la violencia no sea la norma, sino una excepción que se previene y se combate de manera integral y equitativa.
Eunice Rendón
Doctora en políticas públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París. Experta en migración y seguridad, coordinadora de la organización Agenda Migrante y miembro del Colegio de Bioética A. C.
1 OMS, Global Consultation on Violence and Health. Violence: a public health priority, Organización Mundial de la Salud, 1996