Trasplante de útero: cuestiones bioéticas y biojurídicas

Nuestro comienzo de vida celular se genera en el útero femenino. En la actualidad es posible trasplantar este órgano; tenemos casos de éxito en ensayos clínicos controlados en España y Reino Unido, y en México ya existen grupos en medicina de la reproducción y trasplantólogos colaborando para su realización. Este tipo de trasplante forma parte de las nuevas tecnologías en reproducción humana asistida que busca tratar la infertilidad de mujeres con factor uterino de infertilidad (AUFI), es decir, infertilidad por ausencia del útero, ya sea por motivos congénitos o quirúrgicos, o por anormalidades anatómicas o funcionales.

Ilustración: Kathia Recio

¿En qué consiste este procedimiento y cuáles son las cuestiones bioéticas y biojurídicas que deberían considerarse? Consiste en tomar el útero, cuello uterino, los tejidos ligamentosos circundantes y los vasos sanguíneos que irrigan y drenan de una mujer donadora viva o cadavérica e implantarlo en una mujer con AUFI, posibilitando la capacidad reproductiva en su propio cuerpo, es decir, la habilidad de llevar un embarazo a término, objetivo principal de este procedimiento.

Por un lado, el trasplante de útero se encuentra en el terreno de la donación de órganos, y por otro lado el de reproducción humana asistida. Si nos movemos al ámbito de la donación de órganos, al decidir quién recibe el útero podrían establecerse criterios de distribución y exclusión, pero estas reglas no se pueden aplicar como regularmente ya se hace en la donación de otros órganos. ¿Por qué? No podemos hablar de mayor o menor urgencia en el caso de trasplante de útero, ni de grados de infertilidad en mujeres con AUFI para determinar quién necesita más de un útero para continuar viviendo. Por otro lado, si nos encontramos en el área de la reproducción humana asistida, tampoco podríamos establecer los mismos criterios de exclusión existentes en el trasplante de órganos ya establecidos, hacerlo sería afectar los derechos reproductivos de mujeres con AUFI.  La reproducción humana asistida aún carece de regulación integral a nivel federal como tema de salud pública que debería legislarse con perspectiva de género y protección de los derechos de las mujeres gestantes.

Esta posibilidad tecnológica y la capacidad de que se lleve a cabo en nuestro país, nos ha llevado a organizar diversos seminarios de discusión con la colaboración de los grupos médicos y de trasplante a nivel internacional, y académicas mexicanas colaboran con personal de la legislatura federal en México. Este tema es una realidad y es necesario que nos lleve a reflexionar quiénes y cómo se tendrá acceso, pero lo más importante, de llevarse a la práctica ¿cómo es que se deberán distribuir los úteros disponibles?

Esto hace evidente que los criterios y guías éticas sin perspectiva de género que regulan el trasplante de órganos y la laguna legislativa en reproducción humana asistida no son suficiente para guiar el trasplante de útero a medida que se desplaza aceleradamente al ámbito clínico. El planteamiento de esta realidad como nueva tecnología de reproducción humana en nuestro país es una invitación a la reflexión sobre cuáles serían los criterios bioéticos específicos a considerar en el trasplante de útero, y no la adaptación de aquellos correspondientes a dos áreas que, si bien se conjuntan en este procedimiento, no son suficientes para abarcarlo en su totalidad y en la medida necesaria para hacer frente a las situaciones o problemas que se presenten.

Desde la bioética feminista un punto importante central y desde donde partimos, es que debe tomarse en cuenta cuáles son los riesgos y beneficios para las mujeres involucradas. En el caso de la donadora los riesgos son en relación a la histerectomía preservando un amplio soporte vascular, lo que implica una cirugía más larga que una histerectomía regular; para pacientes en posmenopausia existe la carga adicional de reiniciar hormonalmente varios ciclos menstruales antes de la cirugía de donación, con un mayor riesgo asociado de tromboembolismo; además, los riesgos psicológicos en relación con la donación de órganos incluyen ansiedad, depresión y estrés, que pueden complicarse por el dolor perioperatorio, y a esto debemos agregar aquellos relacionados con la extracción del útero, a saber, problemas con la identidad de género, la autoimagen femenina y disfunción sexual, lo cual es su vez puede llevar a experimentar síntomas depresivos.

Los beneficios para la donadora incluyen la oportunidad de aliviar el sufrimiento de una persona involuntariamente sin hijos y, en el caso de donaciones entre familiares, la oportunidad de ayudar a una persona querida a reproducirse en términos biológicos y genéticos; sin embargo, perpetuaría un medio hegemónico de fortalecimiento de vínculo familiar, pero por otro lado, se tendría un reconocimiento a la virtud humana y social por haber donado altruistamente su útero.

Para la receptora, los riesgos incluyen las complicaciones usuales de procedimientos quirúrgicos asociados a la operación para trasplantar el órgano, la cesárea en caso de que el o los embarazos lleguen a término, y la histerectomía para extraer el útero una vez logrados uno o dos embarazos, el uso de inmunosupresores durante el tiempo que tenga el útero implantado, un embarazo de alto riesgo con posibles complicaciones como preeclampsia y un parto prematuro.

Además de los riesgos físicos, los riesgos psicológicos para la receptora incluyen la posibilidad de una relación compleja con su donadora que conlleva sentimiento de vergüenza, ansiedad y culpa por involucrar a una persona sana en esta situación, la preocupación de no poder quedar embarazadas o sufrir un aborto espontaneo, y la carga de haberse sometido al trasplante, involucrar a las personas en su entorno, incluyendo a la donadora, sería una carga emocional significativa. De esto poco hablamos y discutimos, pero desde la bioética feminista ponemos en el centro las cargas de cuidado y emocionales que estos nuevos procedimientos implican.

Por último, el consentimiento informado presenta retos importantes para la bioética en relación con este procedimiento. En el caso de la donadora, además de abordarse los elementos propios de este procedimiento, es importante tener la certeza de que la mujer que opta por un trasplante de útero haya tenido la posibilidad de acceder a información sobre diversas maneras de constituirse en familia (es decir, acceso a instituciones como la adopción —ese es otro tema que tiene que legislarse para que sea más flexible y asequible para las personas). De igual manera, tener en consideración que el procedimiento de trasplante de útero se encuentra en etapa experimental, por lo que la evidencia objetiva sobre los riesgos para las mujeres (tanto donantes como receptoras) es limitada, lo que hace que por el momento no se pueda brindar un consentimiento plenamente informado.

En el caso de la receptora, también se debe aplicar el consentimiento informado siguiendo la normativa nacional e internacional, y aclarar que dado que participan de una cirugía uterina experimental, el proceso de consentimiento informado es lo más cercano a los que se utilizan en personas voluntarias sanas que participan en ensayos de investigación clínica, en lugar del que se presenta a personas pacientes consintiendo a un tratamiento ya probado con estándares de seguridad, eficacia y eficiencia.

Estas consideraciones no buscan agotar los problemas que se pueden presentar en el caso del trasplante de útero desde una reflexión de bioética feminista, sino participar de la conversación en torno a este procedimiento, buscando continuar con su desarrollo incluyendo una perspectiva emergente en las discusiones bioéticas.

 

Elisa Calleja-Sordo
Investigadora postdoctoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora en Bioética por la UNAM, y Doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca en España.

María de Jesús Medina Arellano
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora en Bioética y Jurisprudencia Médica por la Universidad de Manchester en Reino Unido. Miembro del Colegio de Bioética, A.C.

Referencias

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3 comentarios en “Trasplante de útero: cuestiones bioéticas y biojurídicas

  1. Concuerdo en la necesidad de regular, para los casos de trasplantes de útero de mujeres muertas a vivas, y la donación altruista. También habría que regular para evitar que surja un tipo de «mercado» donde las mujeres pobres donen su útero a cambio de dinero, o que las «convenzan» de que donar su útero es una medida de control natal.

  2. Definitivamente es importante cuidar que poblaciones vulnerables no se vean afectadas por el desarrollo de una nueva técnica de reproducción asistida. Así como existe un mercado ilegal de órganos para trasplantes, el útero muy probablemente no quedaría exento de entrar en el mismo; una alternativa podría ser que un comité de bioética acompañe a las mujeres involucradas (donadora y receptora en un primer momento) y sea el encargado de velar por el bienestar de las donadoras, para que no sean presionadas a donar explotando su vulnerabilidad. Sin lugar a duda este es uno de los puntos que deben abordarse desde la bioética, mientras se continua con la investigación en torno al trasplante de útero.
    De igual manera, es importante que en cualquier reglamento, una nueva técnica de reproducción asistida no perpetúe la idea de que la maternidad es el único plan de vida para florecer como persona o como opción necesaria, es decir, que no se perpetúe en una norma jurídica un estereotipo de género sobre las mujeres en relación con la maternidad.

    1. Gracias por atender mis dudas.

      Pero mi intención no es promover un estereotipo de mujer. Sino de llamar la atención al hecho de que las personas gestantes en México enfrentan un clima adverso por parte de las instituciones de salud, que vulnera sus derechos. En 2002 se descubrió que a mujeres pobres y de comunidades indígenas se les incluía en programas de apoyo sólo si se sometían a programas de planificación familiar o a esterilizarse. En 2016, más de once mil mujeres en Guerrero, la mayoría indígenas, sufrieron esterilización forzada. En 2023 se descubrió que un tercio de las personas gestantes habían sufrido violencia obstétrica, 4% fueron esterilizadas contra su voluntad. Y el resto habían sufrido algún tipo de presión para someterse a ligadura de trompas o histerectomías, no solo en zomas rurales o indígenas, sino en las principales urbes del país.

      Entonces las mujeres sienten que el sistema de salud no quiere que tengan hijos; es más sencillo acceder a programas de planificación familiar que conseguir una cita con el gineco-obstetra para dar seguimiento a su embarazo. No es de extrañar que se extendiera rápidamente el rumor de que la vacuna del VPH (que quería administrarse a niñas que no habían llegado aún a la pubertad) fuera en realidad un método anticonceptivo encubierto.

      Pareciera que el sistema de salud mexicano no considera a las personas gestantes capaces de decidir lo que es mejor para ellas, así que les da incentivos para que tomen las decisiones que tomaría una persona racional.

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