Sobre el derecho a recibir ayuda médica para morir

Propiciar una muerte en paz es también función de la medicina
—Hastings Center Report, 1996

El 24 de junio se cumplieron tres años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) en España. Tres años de contar con un nuevo derecho y su prestación por el Sistema Nacional de Salud.

En el ámbito de la bioética y el derecho se confrontan dos enfoques contrapuestos sobre la vida: el que la concibe como valor absoluto, indisponible incluso para el titular de la misma, frente al que reconoce —como lo hace la LORE— la protección de la vida como un derecho fundamental constitucionalmente protegido, que se debe ponderar frente a “otros derechos y bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, como son la integridad física y moral de la persona (art. 15 Constitución Española), la dignidad humana (art. 10 CE), el valor superior de la libertad (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16 CE) o el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE)”.

La LORE define a la eutanasia activa como “la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. […] Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad, intimidad e integridad, como es la que define el contexto eutanásico antes descrito, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado, toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida”.

Ilustración: Kathia Recio

La despenalización de la eutanasia en España es resultado de los esfuerzos que a lo largo de cuatro décadas realizaron organizaciones sociales; que la academia impulsó desde la perspectiva de la bioética laica; que los medios de comunicación difundieron ampliamente; que propició el debate en Comisiones de Bioética. Los casos de Ramón Sampedro en los años noventa y de María José Carrasco en 2019 que demandaron reiteradamente la eutanasia y recurrieron al suicidio al serles negada, impactaron y sensibilizaron a la sociedad española, que se pronunció en favor del reconocimiento a la autodeterminación de la persona hasta el final de la vida y del derecho a recibir ayuda médica para morir en circunstancias en que el deterioro grave de la salud produce sufrimiento insoportable.

La Ley define en su texto la prestación del nuevo derecho. Adicional a las condiciones que configuran el contexto eutanásico, son requisitos para solicitar la eutanasia la mayoría de edad, la ciudadanía o residencia en España durante más de doce meses, y plena capacidad para decidir.

El diseño del procedimiento es rigurosamente garantista. Se sustenta en la auscultación del paciente por tres médicos, quienes examinan a la persona solicitante y le entrevistan para verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones que la Ley establece; debe contar asimismo con el aval de un jurista. La autorización previa y la evaluación posterior de la prestación de la eutanasia quedan a cargo de la Comisión de Garantía y Evaluación de cada una de las diecisiete comunidades autónomas. El proceso, resumido en los párrafos siguientes, demora de 45 a 55 días.

La persona solicitante elige al médico responsable, generalmente en el ámbito de la Atención Primaria, quien verificará el cumplimiento de los requisitos y condiciones que establece la Ley y le acompañará hasta el final del procedimiento. Proporcionará al paciente información completa y actualizada sobre su condición, aclarará dudas, deliberarán sobre posibles alternativas, entre ellas, los cuidados paliativos. Se reunirán nuevamente mediando un lapso de quince días durante los cuales el paciente reflexionará sobre su petición; si decide reiterarla, firmará un documento de consentimiento informado ante el médico responsable, quien convocará entonces a un médico consultor especialista en el padecimiento del paciente y que no forme parte de su equipo, para que lo examine y emita un informe que será turnado a la Comisión de Garantías y Evaluación.

El presidente de la CGE designará a un médico y a un jurista miembros de la Comisión para que realicen el control previo del caso. Si lo consideran necesario, se reunirán con el paciente. De ser positivo el dictamen, el presidente de la CGE lo notificará al médico responsable quien, a su vez, informará al paciente sobre la resolución. El presidente de la CGE autorizará entonces la entrega del kit con las sustancias para aplicar la eutanasia.

El paciente decidirá la fecha, el lugar y la modalidad de la ayuda para morir: administrada por el médico y su equipo sanitario, o autoadministrada por el propio paciente. El médico responsable estará presente, acompañará y brindará apoyo al paciente hasta su fallecimiento. Remitirá el expediente y un informe final a la CGE que deberá incluir, entre otras particularidades, la patología que afectaba al paciente, la naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable que padeció y las razones por las cuales se consideró que no existían perspectivas de mejoría.

Para el paciente que solicita ayuda para poner fin a su sufrimiento, la demora en la realización de los trámites le genera angustia. Para los médicos de Atención Primaria, responsables de acompañar al paciente sin que se les libere de la carga asistencial habitual, la duración del proceso incrementa la tensión que ocasiona la saturación de su actividad debida a recortes presupuestales.

El ánimo garantista de la LORE reconoce a los médicos el derecho individual a la objeción de conciencia, siempre y cuando se inscriban previamente en el registro de objetores de su centro de trabajo, para permitir que la institución disponga de personal no objetor para atender las solicitudes de eutanasia.

La información más reciente sobre eutanasia en España la dio a conocer el Ministerio de Sanidad a finales de diciembre de 2023, con base en los datos que anualmente le remiten las Comisiones de Garantía y Evaluación. Abarca los seis meses de 2021 a partir de la entrada en vigor de la Ley, y los doce meses de 2022. El reporte indica que en ese año y medio se presentaron 749 solicitudes; 363 fueron atendidas; se denegaron menos del 20 %, un tercio de las cuales fueron atendidas tras la presentación de reclamaciones ante la CGE. Un tercio de los solicitantes falleció durante el proceso. La mayoría de las personas solicitantes contaba entre los sesenta y los ochenta años de edad. Predominaron las enfermedades graves oncológicas y neurodegenerativas. La donación de órganos permitió realizar 135 trasplantes. El reporte no da cuenta de las solicitudes admitidas mediante la presentación del Documento de Voluntades Anticipadas.

Detrás de cada cifra hay una historia. Setecientas cuarenta y nueve solicitudes presentadas durante un año y medio reflejan la imperiosa necesidad de numerosas personas de recibir ayuda médica para poner fin a una vida que, para ellas, ya no merecía ser vivida debido al grave deterioro que padecían, a la ausencia de perspectivas para mejorar o revertir su condición, al sufrimiento intenso que ello les ocasionaba.

Del total de solicitantes, trescientas sesenta y tres personas —poco menos de la mitad— recibieron la eutanasia. Aprobadas sus solicitudes, les correspondió elegir la fecha y el lugar donde anhelaban morir: en casa o en el hospital, acompañadas de quienes deseaban. Contaron hasta el final con la presencia permanente y la ayuda del médico responsable y su equipo de profesionales sanitarios. Tuvieron la muerte que habían deseado: digna, rápida, indolora, apacible.

A quienes la atención les fue denegada, el proceso supuso un sufrimiento adicional. Algunos presentaron recurso ante la CGE para que su solicitud fuera autorizada, lo cual prolongó el tiempo de espera. Otros no pudieron acogerse al nuevo derecho por encontrarse en alguna fase de demencia ni disponer de un Documento de Voluntades Anticipadas.

Los fallecimientos durante el proceso se atribuyen a que las solicitudes se presentaron cuando los pacientes —particularmente los oncológicos— se encontraban muy graves, en fase terminal avanzada.

La donación de órganos para trasplantes confirma la cultura de solidaridad que distingue a España.

El derecho a la eutanasia y su prestación en el ámbito del sistema Nacional de Salud replantean la función tradicionalmente entendida de la medicina: la ayuda médica para vivir mediante la prevención y la preservación de la salud, la curación de enfermedades y lesiones, el alivio del dolor y el sufrimiento. El nuevo derecho garantiza la ayuda médica para morir para quienes se encuentran atrapados en una enfermedad o en un padecimiento grave, crónico, imposibilitante e irreversible, que deteriora su salud y su calidad de vida, que produce un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. La LORE reconoce que en esas condiciones, propiciar una muerte en paz es también función de la medicina.

Un estudio realizado recientemente en Cataluña explora las tensiones que genera la ayuda para morir en los médicos y en los equipos de profesionales sanitarios, que coinciden en que la causa principal del malestar es el estrés burocrático-administrativo provocado por una la Ley garantista “con verificación previa y posterior, en un sistema sanitario muy tensionado tras los recortes presupuestarios y la covid-19”. Lo anterior se asocia con la sobrecarga de trabajo y de solicitudes, y a que la Ley no precisa la responsabilidad de los profesionales de enfermería, que desempeñan numerosas funciones sin ser reconocidos.

Otro malestar lo ocasiona el “sinsentido” de emprender un proceso deliberativo cuando la persona solicitante muestra su determinación de morir por haberla meditado durante mucho tiempo.

La excesiva duración del procedimiento es un factor adicional que causa preocupación al afectar a los pacientes que ansían que se ponga fin a su sufrimiento cuanto antes. Uno más es la relación con la persona solicitante y con su familia cuando existen desacuerdos con la decisión.

La administración de la medicación tiene un impacto emocional que a algunos les genera malestar. A otros se los genera el duelo por la muerte del paciente a quien atendieron desde hacía mucho tiempo.

El estudio revela la satisfacción de los profesionales sanitarios al concluir el procedimiento. Valoran la “experiencia de aprendizaje vital, haber participado en la mejora de las condiciones de vida de las personas, con la muerte formando parte de esta”. No faltaron quienes definieron la prestación de ayuda para morir a solicitud del paciente como un acto de amor.

Queda pendiente saber si se realizarán ajustes al proceso de ayuda médica para morir que reduzcan los tiempos sin afectar el carácter garantista de la Ley; si se tomarán medidas para disminuir la carga burocrática de los médicos de Atención Primaria con el propósito de aminorar la tensión y atender a los pacientes en mejores condiciones.

El papel que desempeña la asociación Derecho a Morir Dignamente merece ser destacado. Desde su fundación en 1984 se ha mantenido al frente de las exigencias en favor de la despenalización de la eutanasia. Promueve el Documento de Voluntades Anticipadas, se ha reunido con comisiones de legisladores, colabora con la academia y con asociaciones que impulsan los derechos de personas afectadas por el Alzheimer a las que la LORE aún no beneficia. Convoca y participa en conferencias, asesora sobre eutanasia, promueve la exhibición de filmes y exposiciones de pintura sobre la muerte digna. Publica libros y una revista semestral. Identifica los avances y los impedimentos para la aplicación de la Ley. Propone mejoras a las administraciones. Cuenta con voluntarios que vigilan que la Ley se cumpla, denuncia a quienes la obstaculizan. Es una asociación vigorosa.

 

Mina Piekarewicz
Maestra en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona y miembro del Colegio de Bioética

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Publicado en: Inicio y fin de la vida

10 comentarios en “Sobre el derecho a recibir ayuda médica para morir

  1. Estupendo artículo. Creo firmemente en nuestro «derecho a decidir» en cualquier ámbito. Es un artículo que proporciona información imprescindible y hace un merecido reconocimiento a la asociación Derecho a Morir Dignamente. Ojalá que este ejemplo cunda. Saludos. Laura Martínez desde Barcelona.

  2. ¿Cómo evitaran llegar a los extremos en que ha caido Holanda? Administraron la eutanasia a una mujer joven en sus veintes que sólo tenía depresión clínica.
    ¿Cuáles son las enfermedades que causan un dolor insufrible pero que dejan órganos intactos para el trasplante? Es peligroso ver la eutanasia activa como una fuente de órganos para donación.

    1. Algunas enfermedades neurodegenerativas. Los pacientes con cáncer no son candidatos para la donación. De acuerdo con expertos, cada donante aporta cinco órganos en promedio.

  3. También llama la atención que tengas listas de médicos objetores. ¿No sería más sencillo tener listas de médicos dispuestos a realizar el procedimiemto? Así podrían asegurarse de tener al menos uno en cada lugar que haga falta y se evita pensar que la lista de objetores pueda usarse para castigarlos.

  4. Así lo estipula la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en su Artículo 16 y así consta asimismo en la Ley 22/1998, de 6 de julio, reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria.

  5. Mina: Excelente recuento que haces sobre el ejercicio de la PAM (como le llaman allá: la Prestación de Asistencia para Morir). Y excelente el apunte que incluyes sobre la posibilidad de que la persona que accede a la PAM pueda, si es que así lo decide (en ejercicio de su autonomía), proceder a donar los órganos que puedan ser útiles para trasplante. Como bien apuntas, España ha desarrollado una cultura de la donación que resulta admirable y el poder incluir la PAM como posibilidad de obtener órganos es congruente con dicha postura. Claro está que se obtendrán los órganos que sean útiles para trasplante, tal y como se hace en cualquier otra situación de donación y atendiendo contraindicaciones generales conocidas (procesos infecciosos como VIH y otros, así como neoplasias malignas avanzadas).
    Lo interesante del caso es que la donación de órganos en la PAM presenta una situación particular en donde se debe cumplir con un protocolo de obtención de órganos especial ya que no es posible utilizar los criterios de muerte encefálica para justificar su obtención. Se utiliza un criterio de muerte cardiorrespiratoria mediante un protocolo de Donación por Asistolia Controlada que se refiere a declarar el fallecimiento por criterios cardiorrespiratorios (ausencia irreversible de latido cardíaco y ausencia de respiración espontánea). Este protocolo no es nuevo, ha sido implementado en muchos países para situaciones especiales (p,ej.: retiro de apoyo vital por situaciones de futilidad o en atención a voluntades anticipadas). Ahora se incluye esta modalidad de obtención de órganos tras declarar el fallecimiento en personas que solicitan la PAM.
    Es absurdo pensar en la existencia de la PAM solo para aumentar la recuperación de órganos para trasplante; la cosa es al revés, la PAM permite que personas puedan donar sus órganos si es que deciden hacerlo.
    México merece considerar el derecho a morir con dignidad porque es parte integral del derecho a vivir con dignidad. Tener una LORE-Mex será para respetar dicha dignidad (y si se obtienen órganos para trasplante, pues qué mejor).

    1. Precisiones muy necesarias sobre la donación de órganos tras el fallecimiento por eutanasia.
      Muchas gracias.

    2. ¿Entonces el corazón ya no se puede donar?

      Usted entiende que no debe verse la eutanasia como fuente de órganos para donación, pero no significa que otros lo vean así aunque no lo digan en voz alta.

      Mediante la medición de señales del cuerpo como el electroencefalograma, las señales de los músculos o de resonancia magnética, junto con dispositivos mecatrónicos, puede mejorarse bastante la calidad de vida de quienes queden paralizados por accidente o enfermedad. Pudiera ser que se les recomiende esa opción antes de considerar la eutanasia activa.

  6. Antes no entendía por qué los libertarios prefieren seguir las órdenes del mercado que las órdenes de un gobierno, siendo que ambos los obligan a hacer cosas que no quieren.

    El asunto es que las órdenes del estado se ven como una influencia externa, heterónoma, que desde el punto de vista del desarrollo del juicio moral es tratar como infantes a la población. En cambio, en el mercado las decisiones las toma uno siguiendo los propios intereses, la obligación ya no es externa sino que se internaliza, como un superyó, y supuestamente representa una moral autónoma.

    Pero, se puede argumentar que una decisión tomada obligado por la necesidad no es un acto enteramente libre. Todos tenemos necesidad de comer diario y eso puede llevarnos a aceptar trabajos mal pagados o con pésimo ambiente laboral )hay empresas que si fueran países serían dictaduras).

    El mercado envía señales, y uno las internaliza: «nadie es indispensable», ‘debes esforzarte en lograr todo tu potencial», «aquellos que no se preparen serán reemplazados por las computadoras y los robots», «si no ahorras, te convertirás en una carga para tu familia», «todos estamos solos», «la única persona que estará siempre contigo eres tu mismo», «debes diferenciarte de los demás, estás obligado a ser único y que tu aspecto reflejo lo espacial que eres». Byung-Chul Han ha hablado de la autoexplotación, que suele venderse como realización personal.

    Las células del cuerpo humano, cuando son dañadas por golpes o radiación, activan el mecanismo de muerte celular para proteger al organismo de cánceres. Me pregunto si el mercado activará mecanismos similares, aunque no está formado de células sino de personas.

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