Óvulos extraviados: una denuncia al vacío legal

A los 34 años, Ana P. decidió congelar sus óvulos como una forma de preservar su fertilidad y libertad reproductiva. Congelar óvulos se ha convertido en una opción cada vez más presente para mujeres que desean postergar la maternidad, ya sea por razones médicas o sociales. Sin embargo, lo que se anuncia como un acto de autonomía y previsión puede tornarse en incertidumbre y abuso.

La promesa de libertad que se convierte en incertidumbre

Este caso no es aislado. Ana P., es cada una de nosotras, un emblema de maternidad pospuesta entregada al nitrógeno líquido y que nos recuerda que congelar gametos no significa renunciar al control ni a la verdad, somos herederas de nuestra autonomía y exigimos respuestas. No basta la buena voluntad del médico ni la confianza ciega en la clínica. El Estado debe intervenir para evitar que las mujeres se enfrenten solas a un mercado biotecnológico que lucra con nuestro deseo de ser madres.

Ana P. es la voz de todas las mujeres que entregamos nuestro futuro, la guardiana de sus óvulos, que no pide favores, y exige rendición de cuentas. Ella firmó extensos formularios y contrató un plan de resguardo por cinco años, pero firmar formularios extensos y pagar planes multianuales no garantiza una protección real. El consentimiento informado es muchas veces un simulacro: un papeleo que protege más a las clínicas que a las pacientes. Es el caso, que dos años más tarde, el laboratorio de la clínica cerró, su médico cambió de institución, y Ana dejó de recibir facturas de pago. Tras meses de cartas y solicitudes de acceso a su expediente, la clínica envió un oficio señalando que “muy probablemente” sus óvulos habían sido trasladados con otros materiales a un nuevo hospital. No obstante, allí no se encontró ni su expediente ni el tanque criogénico que debía contener su material. Lo que comenzó como un acto de autonomía reproductiva se convirtió en la incertidumbre de no saber qué pasó con su material genético. El extravío de óvulos congelados representa una doble vulneración: la pérdida irreparable de una posibilidad real de procrear en el futuro, y no saber si el material genético fue destruido, mal conservado, utilizado sin consentimiento o simplemente extraviado. Este vacío informativo atenta contra la integridad reproductiva y el derecho a la verdad de la paciente. El derecho a decidir sobre la reproducción implica garantías institucionales sólidas: custodia legal del material genético, protocolos de notificación en caso de traslados, estándares técnicos de preservación y una vigilancia estricta de las cadenas de custodia.

La coerción estructural del mandato reproductivo

La inmersión exitosa de la mujer a la vida económica, política y social ha provocado que más mujeres posterguen la maternidad genética y necesiten recurrir a tratamientos de fertilidad. Aunque también los hombres pueden congelar gametos, sigue siendo común que seamos las mujeres quienes cargamos con el mandato reproductivo, con costos económicos, físicos y emocionales altos. El congelamiento de material reproductivo femenino puede darse por razones médicas -cuando las pacientes se someterán a algún procedimiento médico que dañará su fertilidad como tratamientos de cáncer o algún otro padecimiento, o que las mantendrá durante sus años más fértiles sin la posibilidad de tener hijos-; o por razones no médicas, cuando la postergación de la maternidad se da por elección propia. Este último “congelamiento social” de óvulos, promovido como estrategia de optimización reproductiva, se convierte en un mandato implícito: la mujer moderna “responsable” que asegura su fertilidad para no quedar “rezagada”.

No es coerción explícita, sino coerción estructural: un sistema que empuja a las mujeres a asumir riesgos, gastos y expectativas bajo el mito de la libertad reproductiva. Como ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencias T-357/2022 y T-274/2024), el desarrollo de las tecnologías de reproducción asistida exige una perspectiva de género porque los impactos son desproporcionados sobre las mujeres. Esta mirada feminista obliga a reconocer que no basta con garantizar acceso: se debe asegurar un ejercicio real de autonomía, libre de presiones económicas y culturales.

La asimetría de poder en la congelación de gametos

En los procesos de congelación de gametos femeninos las asimetrías de información y poder son profundas. Quienes entregan su material reproductivo dependen de una cadena de custodia opaca, de la integridad de médicos y laboratorios, y de la estabilidad institucional del proveedor. Este proceso expone a las mujeres a formas de violencia gineco-obstétrica encubierta: se exige confianza absoluta a un sistema médico y comercial que se beneficia de los deseos reproductivos de las mujeres. En este camino nos someten a procedimientos invasivos innecesarios, pasando por información parcial o excesivamente optimista sobre tasas de éxito, hasta decisiones tomadas sin un consentimiento plenamente informado, en un sistema que no ofrece garantías y donde hay escasa rendición de cuentas. Como hemos advertido en nuestros seminarios de estudios feministas en bioética, el cuerpo de la mujer corre el riesgo de transformarse en un simple “depósito biológico”, mercantilizado en nombre de la ciencia o de la maternidad futura.

Al respecto, la vitrificación de óvulos y embriones —una técnica de congelación ultrarrápida en nitrógeno líquido— se utiliza cada vez más entre mujeres que buscan preservar su fertilidad para el futuro, cuando su capacidad reproductiva haya disminuido. En el caso de los óvulos, se congelan células no fertilizadas extraídas del ovario, mientras que en el de los embriones, el óvulo ya fue fecundado con esperma en el laboratorio antes de ser preservado. Aunque ambas opciones son clínicamente válidas, los embriones ofrecen tasas de éxito mucho mayores. En el caso de los óvulos, se requiere una buena cantidad y calidad para tener una probabilidad razonable de embarazo. Lamentablemente, muchos médicos no advierten con claridad que factores como la edad al momento de la recolección y el tiempo de almacenamiento influyen de forma decisiva en los resultados.

Como suele ocurrir, la tecnología avanza más rápido que el derecho. Hoy las técnicas de implantación están consolidadas desde el punto de vista clínico, pero la falta de una regulación sólida permite que las clínicas privadas operen con estándares técnicos dispares, escasa transparencia y poca o nula rendición de cuentas. Los informes de éxito pueden estar sesgados y, ante fallas en la cadena de custodia, errores de los operadores en los laboratorios o pérdidas de material, es frecuente que se atribuya todo a la supuesta inviabilidad biológica, librando de responsabilidad a médicos y desplazándola hacia las pacientes.

Violencia estructural y silencios impuestos

En cualquier relación médica es fundamental la comunicación clara y constante con el paciente, sobre el procedimiento, las molestias, los riesgos y las posibilidades reales de éxito. En el caso de la reproducción asistida, donde están en juego decisiones profundamente personales y sensibles quizás lo sea aún más.

Si bien las técnicas de preservación reproductiva son una opción concreta para algunas mujeres, al mismo tiempo quedan expuestas a numerosos riesgos y vulnerabilidades. Además, tienen pocas posibilidades de expresar sus sentimientos, frustraciones y miedos porque en nuestro país la procreación por implantación es todavía un tabú. Ya sea por temor al juicio o la incomprensión, o ante la posibilidad de que no resulte, muchas prefieren no hablarlo ni siquiera con sus círculos más cercanos. Por estas razones es que muchas mujeres vivimos estos procesos en silencio. Este silencio impuesto es otra forma de violencia estructural: invisibiliza la carga emocional, los riesgos físicos y la frustración acumulada cuando la promesa tecnológica no se cumple.

Congelar óvulos no debería equivaler a perder el control sobre ellos. No debería implicar que se extravíen, se destruyan o se utilicen sin consentimiento. Mucho menos debería normalizarse que clínicas privadas lucren con el deseo legítimo de ser madres mientras trasladan toda la responsabilidad —y la culpa— a las mujeres.

Llamado urgente: regulación con perspectiva de género

Se estima que en México hay más de 200 centros de reproducción asistida, muchos de los cuales no cumplen con los estándares, permisos y certificaciones necesarios para garantizar un tratamiento seguro y exitoso. En enero de este año, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de norma en materia de reproducción asistida que, entre otros puntos, busca establecer límites para evitar la operación de clínicas clandestinas. Dicha propuesta normativa deberá seguir las etapas legislativas correspondientes antes de entrar en vigor como ley.

Estamos en un momento crítico. La reproducción asistida no puede seguir dependiendo de la confianza ciega ni de la lógica de mercado. La ley debe ser robusta, con perspectiva de género, que reconozca la vulnerabilidad diferencial de las mujeres, se establezcan límites claros a las y los profesionales que intervienen (químicos, embriólogos, biólogos de la reproducción, profesional médico y de enfermería) y que sancione con fuerza los abusos de estos profesionales en las clínicas, laboratorios y biobancos. Es necesario establecer normas específicas y detalladas sobre la custodia legal de los biomateriales, la notificación en caso de traslados, los estándares técnicos de preservación y un consentimiento informado auténtico y efectivo. En este marco, para el Estado, garantizar la autonomía reproductiva significa ofrecer información veraz, condiciones técnicas seguras y mecanismos de vigilancia pública; es decir, un marco legal específico, integral y riguroso. De lo contrario, seguiremos atrapadas en la paradoja: creer que congelar gametos es un acto de libertad, cuando en realidad muchas veces es el inicio de una nueva forma de sometimiento.

Ana P. es ya un nombre colectivo: la voz de quienes no aceptamos que nuestro deseo de ser madres se extravíe en los pasillos de una clínica sin rendición de cuentas. El deseo de ser madre no debería convertirse en un negocio para unos, ni en violencia para nosotras. Congelar óvulos es un derecho a través de la voluntad procreacional, pero también un compromiso social: proteger a quienes entregamos nuestro cuerpo y nuestro futuro reproductivo.

Quedan muchas preguntas abiertas, y surgen otras que podrán abordarse en un análisis posterior: ¿qué destino tendrán los embriones congelados que no se utilizan? ¿qué responsabilidades asumirá el sistema ante pérdidas o errores? ¿cómo se manejará el anonimato del donante si los hijos desean conocer su origen genético? ¿qué ocurre si se detectan errores o anomalías genéticas después de la implantación al nacimiento, cuando hay intereses tanto de la madre gestante como de la propietaria del material biológico?

María de Jesús Arellano y Eunice Rendón son miembros del Colegio de Bioética, A.C.