¿Legislar desde nuestras creencias?

En memoria de Arnoldo Kraus,
quien siempre abogó por una bioética laica.

Hace algunas semanas un diario de circulación nacional publicó una “columna invitada”, cuyo autor es miembro de una congregación religiosa, misma que, por cierto, se encuentra envuelta desde hace décadas en escándalos por abuso sexual cometidos por su fundador y que involucran a la propia estructura sectaria de la institución de la que forma parte. Lo cual no le impide adelantar los clásicos argumentos de los sectores más conservadores de la Iglesia católica en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. A partir de una pregunta retórica sobre si el aborto puede resolver la violencia contra la mujer, repite el mismo argumento que han tratado de empujar en todo tipo de legislaciones. El aborto -dice este sacerdote- “es, en sí mismo, un acto que termina con la vida de un ser humano en gestación”, siguiendo la lógica de que la vida humana surge desde la concepción. El artículo, aunque se propone, como una contribución a luchar para “transformar las causas estructurales de la violencia contra la mujer”, quiero suponer que con buena fe, está plagado de sofismas y visiones sesgadas respecto al tema del derecho de las mujeres a decidir sobre lo que ocurre en su propio cuerpo o sobre las “soluciones” que el Estado ha dado al problema de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, el hecho de que en muchas entidades federativas la interrupción del embarazo todavía esté penalizada y, por ello, todavía muchas mujeres siguen cumpliendo penas en la cárcel.

Sin embargo, no me quiero detener, por ahora, sobre estos argumentos. Más bien, me gustaría abundar sobre un tema crucial para una democracia como la nuestra que, como han repetido los expertos, para serlo, debe ser laica. El punto central en el que me quiero detener es el de la relación de las creencias personales con las definiciones de política pública. Señala este sacerdote: “Las creencias también son un derecho humano. Una de las afirmaciones más inquietantes que se han hecho en este contexto [a propósito de la propuesta de despenalización del aborto en todo el país] es que los legisladores no deben votar ‘desde sus creencias’… Pretender que un servidor público legisle ‘sin creencias’ equivale a pedirle que renuncie a su brújula moral. En la práctica nadie legisla desde la nada; todos -incluso los más secularizados- tienen una visión del ser humano, del bien y del mal, de la dignidad y del sufrimiento. Las creencias, por lo tanto, no son el problema: el problema es la imposición, de cualquier lado. Y una democracia sana se construye desde el diálogo entre visiones distintas, no desde su exclusión”.

Examinemos estas afirmaciones con cuidado, porque me parece que tocan el centro de lo que significa una República laica, como la nuestra. Es cierto que, en la práctica, nadie legisla desde la nada. Todos tenemos una visión sobre el bien y el mal, sobre lo que es correcto e incorrecto. Por eso, el Estado laico, de raíz liberal, pretende garantizar lo que denominamos la “autonomía moral del individuo”, es decir la capacidad de cada quien para decidir en su vida lo que le parece moralmente correcto e incorrecto. Es evidente que hay límites a esta autonomía. Están establecidos por los derechos de terceros y por lo que se suele describir como “el orden público”, es decir lo que en principio la sociedad, a través del Estado, establece como lo permisible. Y aquí es donde comienzan los problemas. porque no todo mundo está de acuerdo en lo que esto debe significar. Para eso existen las leyes que, en principio, establecen las mayorías, pero, en un Estado de derecho, siempre respetando también los derechos de las minorías. Lo anterior significa que los legisladores y los servidores públicos no pueden imponer al resto de la población sus creencias particulares, por más que las tengan, sino que deben legislar pensando en el bien y el interés público y en que no todo mundo piensa como ellos ni tiene por qué vivir de acuerdo a esas particulares creencias. Los legisladores son representantes populares, lo que significa que no están allí para imponer sus creencias personales, sino para velar por los intereses de una comunidad que es plural y diversa en materia de creencias religiosas o espirituales y de convicciones éticas.

Tiene entonces razón el presbítero en cuestión cuando dice que las creencias no son el problema, sino la imposición, de cualquier lado. ¿Cómo hacemos entonces para que nadie le imponga a otro sus creencias, por más legítimas y profundas que éstas sean? Alguien puede pensar, por ejemplo, que la homosexualidad es un pecado y estar en contra de ella, pero eso no debería de darle derecho a legislar en contra de los derechos de las personas con preferencias sexuales distintas a las heterosexuales. Y no estoy hablando de manera abstracta; conozco legisladores y legisladoras, incluso de izquierda, que se han opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo a partir de sus muy particulares y “válidas” (en su hogar o en su Iglesia) creencias. El ex presidente López Obrador estaba en contra del divorcio, porque lo consideraba un mal del neoliberalismo. ¿Hubiera sido correcto que lo prohibiera por sus creencias personales? No estamos hablando de absurdos imposibles. En un lugar como Chile, el divorcio no existía hasta hace dos décadas, por presiones de las Iglesias.

A mí me gusta siempre dar un ejemplo hipotético. Imaginémonos que un o una testigo de Jehová llegara a la Presidencia de la República (es hipotético porque los testigos de Jehová no se meten en política) y que prohibiera, a partir de sus creencias, las transfusiones de sangre en los hospitales públicos. Todo mundo reclamaría, con justa razón. Eso es lo que está solicitando el sacerdote en cuestión: que los legisladores hagan las leyes de acuerdo a sus creencias y que los servidores públicos pongan en marcha políticas públicas de acuerdo a sus particulares creencias. Eso es lo que sucede todavía hoy en muchos casos. Es común que en nuestros países presidentes católicos o evangélicos se opongan y obstaculicen legislaciones en favor del aborto porque ellos, personalmente, está en contra. Y tienen todo el derecho a estarlo, a título privado, pero no en tanto que funcionarios públicos. Porque ellos están allí para velar por el interés público, no para imponerle a todos sus creencias personales. Hace algunos años,en el muy laico Uruguay un presidente de izquierda, Tabaré Vázquez, médico de profesión, vetó una legislación, aprobada por el congreso nacional, que despenalizaba el aborto. Cuando se quiso reelegir, sus seguidores le recordaron el hecho y le pusieron como condición para proponerlo otra vez como candidato, que él no se volviera a oponer a la voluntad popular. Y tuvo que aceptarlo, porque entendió que tenía que distinguir entre sus creencias particulares y el interés público. La confusión sigue existiendo en muchos lugares, sobre todo en Latinoamérica.

Así que el punto debe ser claro. No es que se le pida a legisladores y servidores públicos que renuncien a sus creencias o a su personal brújula moral. Lo único que se les pide es que distingan entre, por un lado, sus muy válidas creencias particulares, con las cuales pueden seguir rigiendo sus vidas y, por el otro, sus responsabilidades y funciones públicas, las cuales deben responder al interés público, es decir el interés y necesidades de todos.

Roberto Blancarte Pimentel

Profesor-Investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México y miembro del Colegio de Bioética, A.C.