Recientemente se ha dado a conocer la noticia de que, tras los estudios clínicos, la primera vacuna1 (Lenacapavir) contra la infección por VIH ha logrado una efectividad cercana al 100 %. Esta vacuna se probó con más de 21 000 mujeres en Sudáfrica y Uganda, países severamente afectados por esta epidemia mundial.
La compañía Gilead Sciences Inc., de California, ha desarrollado la vacuna y posee la patente; se estima que su precio comercial será muy elevado: 3431 dólares por cuatro tabletas, o bien, 20 543 dólares por un frasco de 3 ml de solución inyectable. En España, por ejemplo, ya fue aprobada como tratamiento auxiliar y cuesta 20 000 euros por dos inyecciones en seis meses (que la sanidad pública de ese país sí puede ofrecer); el tratamiento completo consta de cuatro dosis al año, es decir, un costo de 40 000 euros por persona. Por tanto, no estará al alcance de toda la gente que la necesita o que podría beneficiarse de ella como profilaxis (terapia preventiva) para evitar muchas infecciones en los países más pobres y en poblaciones vulnerables. Dependerá de la compañía Gilead la posibilidad de otorgar una licencia “voluntaria” sólo para la producción dirigida a las naciones más precarias, pero no para todas las de renta media y media alta. Aunque el desarrollo de una vacuna altamente eficaz contra el VIH es un avance científico notable, el sistema actual de patentes farmacéuticas y de fijación de precios de los medicamentos en función del mercado impide un efectivo acceso global, perpetuando las desigualdades sociales. Así ha sucedido con otras vacunas y medicamentos, por ejemplo, para combatir la infección por mpox o “viruela del mono” en el centro de África. Para garantizar que esta vacuna para el VIH y los futuros medicamentos que salven vidas lleguen a quienes más los necesitan, se debe dar prioridad a la salud pública sobre el beneficio privado.
Ilustración: Raquel MorenoNos hemos acostumbrado a que el desarrollo, la producción y la distribución de vacunas y medicamentos esté controlado por las compañías farmacéuticas globales. En el mundo capitalista, la mercantilización de la atención a la salud pública tiene consecuencias nefastas: una creciente e injusta desigualdad mundial en el acceso a los bienes para preservar o recuperar la salud, sin que se ataquen de raíz las causas de las enfermedades más letales, contagiosas o que más dañan a las poblaciones.
Muchas personas, incluyendo médicos que tienen intereses económicos en este negocio, han defendido las “virtudes” del sistema mundial de patentes y la consecuente monopolización de los fármacos. No es este el espacio para demostrarlo, pero el sistema de patentes y privatización de la producción farmacológica no favorece en realidad la investigación y la innovación, sino que la secuestra, ya que recluta a expertos científicos (muchos de ellos, formados en universidades públicas) para el desarrollo de lo que convenga a los intereses de esa industria.
Los medicamentos y las vacunas son bienes de interés público generados por una comunidad científica internacional, que colabora mediante el intercambio de conocimientos e infraestructuras de distintas naciones. Además, los fármacos se prueban en estudios clínicos multicéntricos realizados, como es sabido (y fue en este caso), en poblaciones de los países más pobres o necesitados. México es uno de esos países que maquila la investigación biomédica (en sus sistemas públicos de salud), pero que no puede asegurar beneficios para las personas que participan en dichos estudios. Nuestro país, al igual que muchos otros, tiene que comprar los medicamentos a los precios establecidos por las compañías globales.
Si en el mercado capitalista global existiera de verdad la libre competencia entre diversas empresas, y éstas trabajaran en igualdad de condiciones, competirían por ofrecer los mejores productos al mejor precio (abatiendo los costos de producción y distribución). En el caso de los medicamentos, ese mercado podría ser —en parte— funcional para satisfacer las necesidades médicas de muy diversas poblaciones y países. Pero no es así. Uno de los efectos más perversos de la mercantilización monopólica es que las empresas farmacéuticas no producen los medicamentos necesarios para las enfermedades más comunes y graves, sino para las que padecen los sectores sociales y países que pueden pagarlos. Así, hacen negocios ventajosos (fijando los precios a su antojo) con los gobiernos que pueden comprar los lotes de los fármacos para sus sistemas públicos de salud, porque la mayoría de los Estados ya no producen ni vacunas ni medicamentos comunes.
El sistema mundial de patentes no sólo ha desdeñado por años la investigación para el tratamiento de las principales enfermedades mundiales (malaria, VIH, zika, etc.), sino que lo ha obstaculizado, y ha desviado la investigación hacia sus objetivos de mercado más lucrativos. Podemos ver esta tendencia en Estados Unidos, que es el modelo de casi todos los vicios del capitalismo: un enorme porcentaje de su población consume medicamentos que ni siquiera son indispensables o que no van a curarla (como los analgésicos, cada vez más adictivos), en lugar de mejorar sus dietas y estilos de vida, mientras que los fármacos más efectivos suelen ser demasiado caros.
Ahora bien, no abogo por la estatización de la investigación y la producción farmacológica; pero sí considero que estamos cada vez más lejos de un sistema mundial funcional y justo de producción de medicamentos. El modelo más adecuado podría ser un sistema público-privado, dirigido por los Estados y los organismos internacionales de salud, como la OMS o la ONUSIDA en este caso, financiado con fondos internacionales (p. ej. del Banco Mundial) y también privados (donaciones altruistas de grandes corporaciones). Pero hoy vivimos en el peor de los mundos posibles (diría Leibniz): tenemos Estados débiles (intencionalmente debilitados) que no fortalecen la investigación y producción pública de medicamentos, y que renuncian a regular a las empresas farmacéuticas y los precios de sus productos aduciendo “razones de mercado”, junto con el control monopólico de las empresas farmacéuticas más poderosas del mundo, que fijan los precios y establecen las prioridades de la investigación biomédica.
¿Qué implicaría un sistema mixto global de producción de medicamentos y vacunas? Para muchos, esto es utópico, pues iría en contra de la sacrosanta propiedad privada y la libertad de lucro irrestricta, que son los dogmas del capitalismo. Si existiera una colaboración efectiva entre los sectores público y privado, regida por el interés general y el control de los Estados, se podrían producir masivamente los fármacos (por muchas compañías y fábricas en todo el mundo) para venderlos a precios razonables, subvencionando a todas las personas que no pudieran pagarlos. Esto permitiría obtener ganancias justas a los productores, incentivar la investigación y la cooperación científica mundial y beneficiar a quienes necesitan los fármacos, los cuales se desarrollarían en consorcios internacionales sin fines de lucro.
La única vía para atender justa y eficientemente las necesidades de salud de toda la población mundial y para enfrentar adecuadamente las pandemias y epidemias actuales (y las que vendrán en el futuro) consiste en la desmercantilización de los sistemas de salud pública, especialmente de la producción y distribución de fármacos y vacunas. El sistema mixto público-privado, pero gestionado por los Estados y las instituciones internacionales, se encargaría de planear la investigación y coordinar la cooperación científica internacional; eliminaría las patentes o reduciría su duración; evitaría la concentración de la investigación en unas cuantas empresas; aceleraría y diversificaría la producción (abaratando costos); suspendería las patentes en casos de epidemias y pandemias regionales o mundiales, mediante convenciones internacionales. Dicho modelo sería todo lo contrario a lo que sucedió durante la pandemia de covid, pues el desarrollo de las vacunas fue dominado por las compañías globales más poderosas. Así pues, en el caso de esta nueva vacuna contra el VIH, que puede ser altamente efectiva para evitar más contagios, debe suspenderse su patente a nivel mundial para permitir que muchas empresas la produzcan, sea accesible para todos los sistemas públicos de salud y para todas las personas que lo necesiten. Así de simple es la solución.
Lo mismo debería suceder con los medicamentos desarrollados para distintos tipos de tumores cancerosos, enfermedades metabólicas, neurológicas o cardíacas. Es decir, para las enfermedades más comunes y con mayor mortalidad o morbilidad. Pero, ¿qué pasaría con las enfermedades “raras” o poco comunes? ¿Las personas que las padecen estarían condenadas a pagar más por sus medicamentos? No: deberían recibir subvenciones mediante la captación de impuestos especiales a una cantidad enorme de productos que dañan la salud. Igualmente todas las personas con ingresos bajos o sin ingresos de cualquier nación deberían beneficiarse del mismo subsidio global.
Considero que la manera más adecuada de financiar la investigación y el desarrollo biomédico-farmacéutico es a través de impuestos directos a todo tipo de productos y sustancias tóxicas que generan riesgos para la salud humana. Por ejemplo, impuestos mucho más altos para el tabaco y las bebidas alcohólicas, pero también para los productos de las empresas bioquímicas, químicas y petroquímicas, y para todas las industrias que generan riesgos con sus desechos y vertidos tóxicos. Parto de un razonamiento simple: en la medida en que nos alejemos de un sistema de regulación y control social en la producción farmacéutica, basado en el interés y el beneficio públicos, si nos quedamos atrapados en el actual sistema mercantil monopólico, sufriremos mayores dificultades para enfrentar pandemias y para combatir la mayoría de los padecimientos epidémicos, como ha sido el caso del VIH/SIDA. Seguirá entonces reinando la injusticia y la desigualdad social en la salud mundial, con la complicidad de los Estados y el contubernio de los científicos y médicos que se benefician del sistema mercantil de la salud. La epidemia mundial del VIH ha matado a unas 40 millones de personas en más de cuarenta años. Mientras tanto, más de un millón se seguirán infectando de VIH cada año.
Jorge Enrique Linares
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
1 No es propiamente una vacuna, sino un antiviral que actúa contra la cápside del virus que evita la infección por contagio con un grado de efectividad muy alto.