La objeción de conciencia controlada

Imaginemos el caso de una mujer joven que fue violada y quedó embarazada producto de esa violación.1 Ella vive en un estado del país donde tiene derecho a abortar por esta causa. Se presenta al hospital de su localidad para practicarse un aborto, pero el personal de salud en vez de proceder a ello intenta de muchas formas persuadirla para que no lo haga, se le ponen todos los obstáculos posibles. Algunos médicos que podrían practicar el aborto alegan que son objetores de conciencia, que no pueden hacer un aborto porque iría contra sus convicciones más íntimas. Médicos y funcionarios del hospital se oponen a practicarle el aborto, incluso avisan a grupos religiosos antiaborto para que la presionen, le adviertan que abortar es causa de excomunión entre los católicos. Al final nunca consigue ejercer un derecho que tiene.

La objeción de conciencia comenzó a utilizarse con fines políticos por grupos conservadores como reacción ante una serie de resoluciones que en las últimas décadas la Suprema Corte ha tomado para reconocer distintos derechos reproductivos de las mujeres, entre ellos el aborto. Fue así que en 2018 se hizo una reforma a la Ley General de Salud2 para reconocer que el personal médico puede excusarse de participar en procedimientos médicos que fueran en contra de su conciencia, dejando como única salvedad que no se pusiera en riesgo la vida del paciente o se tratara de una urgencia. Esto ha permitido entonces que el derecho de las mujeres a abortar encuentre múltiples obstáculos en la práctica.

Ilustración: Estelí Meza

Luego de un largo proceso judicial que se inició por el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) en junio de 2018 por considerar que había una deficiente regulación de la objeción de conciencia, la acción de inconstitucionalidad 54/2018 fue resuelta por el pleno de la Corte el 21 de septiembre de 2021.3 En esta decisión se declaró inconstitucional la reforma de 2018 por varias de las razones que ofreció la CNDH y exhortó al Congreso de la Unión a regular de manera urgente y prioritaria el tema.

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El pasado 30 de octubre de 2023 la Cámara de Diputados, cumpliendo con este exhorto, aprobó una reforma a la Ley General de Salud para reglamentar la objeción de conciencia del personal médico profesional y de enfermería.4 La reforma recogió puntualmente una serie de lineamientos y estándares de validez que fijó la Suprema Corte. Todavía falta que esta reforma se discuta y se apruebe (o modifique) por el Senado de la República para que pueda entrar en vigor previa publicación oficial.

Antes de ocuparme del contenido de esta reforma, me gustaría mencionar la irritación que generó entre legisladores del PAN que votaron en contra de esta reforma y de algunas organizaciones de médicos que se pronunciaron también en contra. Desde luego, como ocurre con mucha frecuencia en temas de esta índole, algunos medios y opinadores generan desinformación. Muchos de los pronunciamientos en contra son quizá reflejo de esa desinformación5 (aunque podrían no serlo y ser simplemente reflejo de una intencionalidad político-ideológica que busque obstaculizar este tipo de reformas). La discusión sobre la objeción de conciencia es por sí misma polémica, pero al estar estrechamente vinculada con temas como el aborto, la eutanasia, los derechos reproductivos de las mujeres, transfusiones sanguíneas, entre otros tantos temas, se convierte en un asunto que divide a la sociedad dada la politización que ya existe en torno a estas cuestiones.

La socorrida idea de que la objeción de conciencia es un derecho humano, como muchos sostienen, es muy discutible. Esta postura parte del reconocimiento que tienen la libertad religiosa y de conciencia como derechos humanos, y desde ahí se pretende defenderla. De modo que, si las personas son libres de tener creencias religiosas y de guiarse por sus convicciones más íntimas, se asume que ello implica también que tengan un derecho a actuar en contra de algún deber jurídico si éste va en contra de su conciencia. Este razonamiento es defectuoso, por múltiples razones, pero me ceñiré a sostener que no se sigue del mero reconocimiento de la libertad religiosa o de conciencia. No se sigue porque simplemente sería inviable para el Estado, para una sociedad democrática, llevar a cabo medidas que considere necesarias —y que considere justificadas en términos de justicia o a la luz de los derechos humanos— pues cualquier persona podría alegar que tiene un derecho a desobedecer y que no puede ser coaccionado o sancionado por su incumplimiento. La libertad de conciencia no exige que el Estado tenga que aceptar como excusa que las personas están siguiendo su conciencia cuando obran en contra de deberes que la sociedad impone legítima y legalmente a sus ciudadanos. Pienso que la Suprema Corte se equivocó al aceptar la idea de que la objeción de conciencia es un derecho humano porque se deriva de la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Tal derivación se apoya en argumentos defectuosos. Como he sostenido en otra parte, el derecho de objeción de conciencia —de llegar a reconocerse—, es un derecho condicionado y limitado, un derecho que debe controlarse.6

Lo que sí hizo bien la Suprema Corte fue recomendar una serie de lineamientos que adoptó la Cámara de Diputados. No seré exhaustivo al referirme a todos, pero trataré de tocar los más importantes y los que han sido más controvertidos.

Se reconoce que la objeción de conciencia es un derecho individual del personal médico y de enfermería para excusarse de realizar un acto médico legalmente aprobado y exigible por considerarse incompatible con sus creencias morales o religiosas. Pero, a su vez, se establece con claridad que el Estado mexicano es responsable de asegurarse de contar con equipo médico y de enfermería suficiente, que no sean objetores, en cada una de las instituciones del Sistema Nacional de Salud para garantizar la atención médica. El Estado es, pues, el primer responsable y garante de los servicios de salud; la objeción de conciencia no se puede invocar por las instituciones de salud. Con ello se pone a los pacientes y sus derechos como prioridad, el ejercicio del derecho de objetar del personal de salud está entonces condicionado a que los derechos del paciente no se vean afectados. Entonces, es una responsabilidad compartida entre el Estado (a través de sus instituciones de salud) y el personal médico y de enfermería garantizar los derechos de los pacientes.

La reforma establece que la Secretaría de Salud debe establecer un mecanismo de registro de personal médico y de enfermería objetor, que le permita organizar y garantizar la prestación de servicios médicos. Esta idea del registro ha sido atacada por los grupos que se oponen a la reglamentación, pues sostienen que se prestará a discriminar al personal que se declare objetor. Habrá que decir que la medida es necesaria y proporcional para garantizar una adecuada atención de los pacientes, que solamente se justifica para estos fines y que cualquier discriminación que llegue a producir haciendo mal uso de tal registro podrá ser combatida legalmente. Afortunadamente contamos con derechos, instrumentos legales e instituciones que sirven para combatir la discriminación.

La reforma establece que la objeción de conciencia no podrá invocarse cuando se ponga en riesgo la vida del paciente, se trate de una urgencia médica o implique una carga desproporcionada para el paciente. Tampoco procede cuando haya riesgo para la salud del paciente, se produzca un daño o agravación del daño, se produzcan secuelas o discapacidades, se prolongue el sufrimiento o no exista una alternativa viable y accesible para brindar el servicio requerido (por razón de distancia o disponibilidad de personal).

El personal objetor no debe retrasar o entorpecer la prestación del servicio de salud de que se trate. Debe, al contrario, brindar la información y orientación al paciente, darle un trato digno y sin discriminación, remitirlo de manera inmediata con personal no objetor o con su superior jerárquico. No debe tratar de persuadir al paciente de no ejercer su derecho a un procedimiento médico. Si el establecimiento de salud no cuenta con personal no objetor, deberá trasladar al paciente a otro establecimiento donde se le pueda brindar el servicio. Solamente cuando esto no sea posible, la objeción de conciencia será improcedente, lo que significa que el personal médico o de enfermería deberá cumplir su obligación de practicar el acto médico en cuestión y en caso de rehusarse podrán ser sancionados de acuerdo a los mismos procedimientos que ya contempla la Ley de Salud.

Esto último para algunos críticos significa criminalizar la objeción de conciencia. Sin embargo, los médicos y el personal de enfermería ya tienen obligaciones, ya son sujetos de sanciones administrativas y penales cuando incumplen sus deberes o generan daños por negligencia o dolo. La reforma no está creando sanciones que no estén ya previstas, está especificando los casos donde inválidamente se invoca la objeción de conciencia para obstaculizar el derecho del paciente. La objeción de conciencia se está reconociendo como un derecho condicionado que puede ejercerse siempre y cuando no se ponga en riesgo o se cause daño al paciente y se respeten sus derechos a tratamientos reconocidos legalmente. No podemos responsabilizar al Estado de garantizar derechos de los pacientes sin hacer corresponsable al personal médico y de enfermería.

Lo importante de esta reforma es encuadrar el ejercicio de la objeción de conciencia, reconocerla como derecho, solamente cuando su ejercicio no pone en riesgo la vida, la salud y los derechos del paciente. Oponerse a esto me parece insensato, injustificado desde la óptica de los derechos humanos.

 

Juan A. Cruz Parcero
Investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM; miembro del Colegio de Bioética A. C.


1 Desde luego no hay mucho que imaginar, véase el famoso caso de Paulina en baja California Sur, aquí remito al texto de Norma Ubaldi Garcete “Con Paulina ganamos todas”

2 Esta reforma puede consultarse aquí.

3 La resolución puede consultarse aquí.

4 El Proyecto de Decreto para reformar el artículo 10 Bis y adicionar los artículos 10 Ter a 10 Quaterdecies de la Ley General de Salud está disponible aquí.
Distintas posturas durante el debate parlamentario pueden consultarse aquí.

5 Por ejemplo, en las siguientes notas periodísticas se recogen preocupaciones de médicos importantes, pero en ellas se confunde la objeción de conciencia con el criterio médico para decidir o aconsejar tratamientos adecuados para los pacientes, además de advertir de la posible criminalización de los médicos y de su posible discriminación: “Profesionales de la salud exhortan al diálogo sobre derecho a la objeción de conciencia”, El Universal; “Profesionales de la salud en México rechazan reformas de ley sobre objeción de conciencia”, Forbes

6 Véase Cruz Parcero, Juan A., “Problemas para fundar un derecho general a la objeción de conciencia en el ámbito médico”, en Tapia, Ricardo y Vázquez, Rodolfo (comps.), Logros y retos de la bioética, Fontamara, México, 2014.

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Publicado en: Ética médica

2 comentarios en “La objeción de conciencia controlada

  1. UNO
    El Dr. Cruz Parcero hace un recuento analítico importante sobre la problemática de la “objeción de conciencia” (OC) en nuestro país en donde incluso establece una crítica a la Corte al decir que esta “…se equivocó al aceptar la idea de que la objeción de conciencia es un derecho humano porque se deriva de la libertad de conciencia y la libertad religiosa”. Esto, en mi apreciación, debe interpretarse en el sentido de que la OC es más bien un mecanismo para tratar de hacer valer los derechos de “libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión” (como también dice el Art. 24 de la Constitución, además de la DDHH); algo no menor ya que explica la visión de Juan Antonio de que mas bien que se trata de “…un derecho condicionado y limitado, un derecho que debe controlarse”. Es la llamada teoría justificatoria sobre la OC que no gusta a las visiones absolutistas las cuales ven a la OC como una especie de capa mágica que, a la manera de Harry Potter, se coloca uno para se eximido de cumplir con responsabilidades profesionales adquiridas para con pacientes que requieren de un servicio médico al que tienen derecho.
    Por ese motivo pienso que mencionar la palabra ‘derecho’ como parte de la definición de la OC genera un efecto performativo donde el simple hecho de enunciarla implica la realización simultánea de la acción evocada por parte del hablante (i.e.: al definir que la OC “…es el derecho del personal a…”, ahí termina la discusión de cualquier tesis justificatoria, o de límites y condiciones como bien dice Cruz Parcero; nadie lo considera como derecho prima facie).
    Eso explica la capa de Harry y actitudes como lo recientemente visto en Aguascalientes en donde, en respuesta a la sentencia de la Corte de descriminalizar el aborto se despenalizó el aborto pero se presentó una iniciativa para establecer un Sistema Estatal para la Protección a la Vida y la Prevención del Embarazo No Deseado que más parece una reacción al ordenamiento recibido que una preocupación real por la salud reproductiva de las mujeres de ese estado.
    DOS
    La OC debe ser considerada como un conflicto de interés ya que cumple cabalmente con la definición de la misma: Una serie de circunstancias que generan el riesgo de que el juicio o la acción profesional sobre un interés primario podría ser excesivamente influenciado por un interés secundario. Es la influencia que aparece en una relación con desbalance de poder entre las partes involucradas (p.ej.: relación paciente-profesional de la salud), de tal manera que genera sesgo, o que pudiera pensarse razonablemente que genere sesgo, en la toma de una decisión o la representación de una decisión en contra del mejor interés de alguna de las partes (p.ej.: paciente).
    Arnoldo Kraus, creador de este blog, escribió hace tiempo que: “sin lealtad al enfermo la medicina NO es medicina. Cuando se tuercen las prioridades y la fidelidad se enfoca hacia centros hospitalarios, laboratorios clínicos, gabinetes radiológicos o colegas, aunque sean poco sagaces, la ética médica, espacio fundamental, queda entredicho.” Lo hacía con motivo de los conflictos de interés económicos que se generan en la práctica médica cotidiana. Pero las convicciones éticas, de conciencia y de religión, también generan sesgos que pueden tener una influencia deletérea en la forma en que atendemos las necesidades de personas enfermas que solicitan nuestros servicios. Son, sin duda intereses secundarios (igual que la ganancia económica, el progreso profesional, el reconocimiento social) que entran en conflicto con los intereses primarios en el ámbito de la medicina (el bienestar de los pacientes, la integridad en la investigación científica y la calidad de la educación médica, intereses primordiales para lograr el cumplimiento de los objetivos de la medicina). ¿Es válido utilizar el incumplimiento del deber profesional en aras de promover nuestras convicciones religiosas, morales o éticas? ¿Acaso no se convierten estas convicciones en un conflicto de interés? Conflictos de interés que no son malos en sí, simplemente son merecedores de un manejo que implique un reconocimiento abierto y transparente de su existencia para promover la toma adecuada de decisiones (nuevamente, las condicionantes que plantea Cruz Parcero).
    TRES
    Por otro lado, resulta un error pretender establecer si alguien es “objetor de conciencia” o no. Si la OC es un “derecho condicionado”, como establece Juan Cruz, entonces solamente quien está en situación de poder realizar alguna acción de atención médica (tratándose de aborto seguro, un obstetra, p.ej.), tendrá la posibilidad de acceder a esa acción para proteger sus escrúpulos (libertad de convicciones éticas, etc.). Los demás especialistas y personal de la salud, pues no. Tengo muchos amigos que gustan de la práctica del golf, son golfistas; yo no, parece absurdo que yo tenga que estar declarando constantemente que soy no-golfista. Es importante no confundir las convicciones éticas (+etc.) con la OC en el ámbito profesional.
    Así, solo quienes se dedican a la salud reproductiva (gineco-obstetras primordialmente pero también personal de medicina general, familiar o aquellos capacitados en el manejo del aborto seguro de acuerdo con los lineamientos publicados por la Secretaría de Salud -donde más del 90% de los abortos seguros se realizan ya mediante la ingesta de medicamentos de manera ambulatoria y segura), están en posibilidad de solicitar la OC; los psiquiátras, dermatólogos, epidemiólogos, cardiólogos, neumólogos, cirujanos, y un gran etcétera, no son “objetores” porque nunca se les va a ‘exigir’ realizar el procedimiento de aborto seguro -y si pretendieran hacer, estarían cometiendo mala práctica al dedicarse a algo para lo cual no estuvieron capacitados. Y, sin embargo, sí pueden tener una convicción ética contraria al aborto; es otra cosa. Por eso me parece importante una definición clara de lo que es la objeción de conciencia: “Es la excepción individual que solicita el personal médico profesional adscrito al Sistema Nacional de Salud, dentro del ámbito de sus competencias, para excusarse de realizar un acto médico en el que está directamente involucrado, que cuenta con sustento científico, legalmente aprobado y jurídicamente exigible, al considerarlo incompatible con sus convicciones éticas, religiosas o morales, sin menoscabo al derecho a la atención de la salud de la persona cuya necesidad genera el acto objetado”.

    1. Querer que nuestro trabajo profesional esté guiado por nuestras convicciones éticas y morales, no es conflicto de interés. En la academia si puede haber conflictos de interés, sobre todo en ciencias políticas y economía.

      En todo caso, ¿por qué no hacer una lista de personal que sí esté dispuesto a practicar un aborto? Así, las autoridades pueden repartirlos en las diferentes unidades médicas para que haya al menos uno en cada una.

      Se supone que nuestro sistema político trata de maximizar la libertad de todos, y el hecho de que haya aborto legal, no significa que una mujer esté obligada a hacerlo (en teoría, porque en la práctica hay una minoría que practica violencia obstétrica sometiendo a las mujeres a intervenciones no aprobados, o decidiendo el tratamiento en base a lo que es mejor para el médico y la institución y no en base a lo mejor para la paciente). Del mismo modo, en lo,posible, no debiera obligarse a los médicos a realizar intervenciones con las que no estén de acuerdo; no es que quieran dañar a la paciente, sino precisamente porque creen que dicha intervención no redundará en el bien de la misma. Después de todo, el juramento hipocrático original prohíbe practicar abortos y la eutanasia activa.

      Legalidad y legitimidad no es lo mismo. Los criminales siempre están en la ilegalidad, pero hay una zona gris en donde están los objetores de conciencia. Quienes ayudaron a los esclavos a escapar atentaron contra el derecho de propiedad de sus dueños; Rosa Parks violó la ley de su estado al sentarse donde no le correspondía; Francis Drake es un héroe en Inglaterra, pero en los virreinatos se le consideraba ladrón y asesino; quienes practicaron abortos clandestinos en condiciones insalubres que ponían en riesgo la vida de sus pacientes, durante el tiempo que el aborto estuvo prohibido, pueden alegar que actuaron impulsados por su conciencia. Todo sistema político tiene mecanismos para vigilar, castigar y disciplinar a quienes se nieguen a realizar los objetivos designados por la institución.

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