La moral de los funcionarios públicos

Se ha vuelto común, en México y en muchas partes del mundo, que funcionarios públicos manifiesten convicciones religiosas como guía para su comportamiento político. Lo muestran como una congruencia ética, idónea para el servicio público, porque suponen, erróneamente, que sus principios religiosos y morales son universales y compartidos por todos, o que, si no lo son, deberían serlo. Es por ello que, también, en más de una ocasión, se manifiestan objetores de conciencia o generan diversas formas de resistencia a determinadas leyes. Es el caso de algunos médicos en hospitales públicos que, por razones religiosas, o éticas supuestamente seculares (pero que dejan ver su trasfondo religioso), se niegan, por ejemplo, a practicar abortos u otros procedimientos que van en contra de sus convicciones. Estamos así frente a un dilema clásico: ¿se debe obedecer a la conciencia, o a la ley?

Ilustración: Kathia Recio

En una sociedad moderna y democrática, la respuesta es: se debe proteger la libertad de conciencia, pero también el bien público, es decir el de todos. Y lo que se busca es equilibrar ambos: libertad individual y bienestar general. La libertad de conciencia se entiende primordialmente como algo que concierne al fuero interno de cada persona, pero tiene como consecuencia la libertad de llevar a cabo las acciones que la conciencia le dicta a cada quien. Pero en una sociedad plural, donde los valores, las creencias y las convicciones son igualmente diversos, se genera el problema de conciliar, en el ámbito público (es decir el del interés de todos) morales y éticas muy distintas. Hay quien, por ejemplo, está de acuerdo con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, lo que implica el derecho de abortar, hay quienes matizan ese derecho y lo circunscriben a los primeros tres meses, hay quienes lo aprueban para casos específicos, como para casos de violación o cuando la vida de la madre corre peligro y hay quien no lo acepta bajo ninguna circunstancia, motivo o razón. Algunas de estas posiciones son religiosas, otras no, pero en todos los casos, hay una postura y una decisión en conciencia. ¿Cómo proteger todas estas libres conciencias? La bioética intenta ser una guía frente a los dilemas éticos que invariablemente surgen cuando hay viejos o nuevos problemas para los que no hay necesariamente una sola respuesta. Y busca hacerlo respetando la libertad de conciencia de cada quien, pero entendiendo en primer lugar que ésta tiene límites, como los derechos de terceros, es decir, de todos los otros y, en segundo, que, por lo mismo, hay muchas morales y éticas. Por lo tanto, entendiendo que el ámbito público no puede regirse por una particular moral o ética, sino que se debe generar un consenso que traduzca el interés de las mayorías, pero que, al mismo tiempo, respete los derechos de las minorías. Todo eso se hace mediante leyes. Leyes que pueden y deben cambiarse, según la ética de una sociedad va modificándose, porque no siempre la moral y la ética —es decir, las costumbres— permanecen iguales. No hay leyes divinas que prescriban definitivamente el comportamiento humano. Nuestra opinión sobre la homosexualidad o los trasplantes de órganos, por ejemplo, ha cambiado con el tiempo.

Ahora bien, hay personas que ignoran este punto, o simplemente lo desconocen a propósito. Es el caso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien básicamente ha señalado que su moral (como representante del pueblo) está por encima de la ley. Más allá de la fantástica pretensión de ser el sumario de todas las morales individuales de los mexicanos, cuestión que muestra la megalomanía del personaje, el problema se desprende en dos vertientes: ¿cómo conciliar esta posición con su función pública, para la que hizo un juramento (de guardar y hacer guardar la Constitución), pero sobre todo, para efectos de nuestro interés en este artículo, ¿cómo conciliar las consecuencias prácticas del hecho que cada quien puede tener la misma pretensión, es decir, que su moral individual está por encima de la ley? El caos resultante de que cada quien pretenda que su moral esté por encima de la ley sería evidente y nos obliga a, nuevamente, considerar la necesidad de contar con un Estado laico y una bioética laica.

Porque esta pretensión del presidente no es exclusiva de él. Cuando se despenalizó el aborto en Aguascalientes, aunque la gobernadora dijo que el suyo era un Estado de derecho, también matizó señalando ambiguamente que su gobierno era Provida y que no obligaría a los médicos a practicar abortos. En ambos casos se olvida un principio fundamental del Estado laico, es decir, que los funcionarios públicos pueden tener las creencias que gusten, pero no pueden imponerlas a la población a la que sirven. Un Estado no es lo que sus funcionarios piensen o crean. Un funcionario público está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley. Por lo tanto, en la medida que es parte de un servicio público, no puede pretender, siendo tal, que su conciencia está por encima de la ley. Puede ciertamente combatir cualquier ley que le parezca injusta o inmoral, pero para hacerlo, tiene que dejar su cargo público. De otra manera, sólo está imponiendo a los demás una moral personal a través de los medios e instrumentos estatales, que no son suyos sino públicos, es decir, de todos. La bioética debe señalar esto, para evitar el atropello a los derechos de quienes no comparten la visión de los funcionarios que indebidamente usan sus cargos para imponer su moral y convicciones personales. Por eso, la bioética es y debe ser siempre laica.

 

Roberto Blancarte
Profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México y miembro del Colegio de Bioética A. C.

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Publicado en: Justicia social