Hechos y derechos

Las personas mayores no son objetos que estorban a los que hay que prestarles la menor atención posible. Tampoco son seres colmados de sabiduría, ejemplos para las nuevas generaciones. Son, simplemente, seres humanos que se encuentran en un momento particular de vida.

Ilustración: Alma Rosa Pacheco

Sus derechos no son distintos a los que ostentaban en la juventud: éstos no han cambiado con el paso del tiempo. Lo que sí ha cambiado es la forma en que deben hacerse efectivos y ése es el punto que quiero abordar.

La salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como: “El estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades”. Siendo realistas, a nadie se le puede garantizar ese estado, menos aún a las personas mayores, pues dependerá de múltiples factores: genéticos, ambientales y culturales. Lo que sí se puede es auspiciar la mayor protección posible al bienestar en todos los aspectos.

La vejez viene acompañada del deterioro de las facultades físicas e incluso de la aparición de padecimientos mentales. En el terreno de la salud, este decaimiento coloca a las personas mayores en un estado de vulnerabilidad propio de enfermedades crónicas-degenerativas, cardiovasculares, diabetes, cáncer, traumatismos, factores de riesgo y discapacidades, además de una mayor susceptibilidad a enfermedades contagiosas.

Una política pública que atienda a esta capa de la sociedad deberá tomar en cuenta el hecho de que distintas capacidades económicas representan diferentes necesidades de atención médica. Para quienes cuentan con bienes suficientes, la vejez significa una etapa placentera de la existencia, en la que los logros económicos obtenidos garantizan una cobertura médica. En cambio, para quienes carecen de un sustento económico suficiente, el precio de existir se torna excesivamente oneroso.

Es necesario fomentar la prolongación de la vida, pero también condiciones que permitan su disfrute. La noción de “calidad de vida” tiene aspectos subjetivos que dependen de cada individuo. Pero hay una valoración objetiva que toma en cuenta la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, la capacidad para tomar decisiones, las relaciones personales y la ausencia de violencia. La calidad de vida se relaciona directamente con la supresión del dolor o, por lo menos, con su control a través de cuidados paliativos, evitando las medidas desproporcionadas o inútiles que tratan de alargar la vida en situación de agonía, conocidas bajo el término “obstinación terapéutica”.

La vulnerabilidad de la persona adulta mayor no debe significar un menoscabo a su dignidad o un trato discriminatorio. Debe existir, de manera preferente, un reconocimiento a su autonomía para la toma de decisiones, el derecho a definir y desarrollar un plan de vida propio, autónomo e independiente, basado en sus tradiciones y creencias y en las de nadie más, aunque sepamos que se encuentra en el último tramo de su existencia. El mecanismo que permite el ejercicio de esta autonomía es el consentimiento informado. A través de éste, la persona puede aceptar o rechazar los procedimientos médicos que le sean propuestos o redactar unas directrices anticipadas que surtirán efecto cuando no se encuentre en condiciones de manifestar su voluntad en forma directa.

Es probable que la persona adulta mayor se vea afectada por padecimientos que necesitan de cuidados de largo plazo. Se ha presentado la Iniciativa de Ley del Sistema de Cuidados para la Ciudad de México que incluye a personas en situación de dependencia, pero aún no se aprueba. Los cuidados no son, al parecer, un asunto prioritario.

Es importante recordar lo obvio: las personas mayores se desenvuelven dentro de un contexto social y, por tanto, los servicios médicos no deben limitarse a los aspectos físicos, sino a promover la autorrealización, la independencia, la autonomía e incluso la participación en la comunidad en donde residen, así como promover la interacción familiar y las relaciones afectivas.

Es necesario aproximarse al derecho a la salud de la persona mayor con cierta relatividad y flexibilidad. Es necesario brindarle atención con un sistema integral: prevención, curación, rehabilitación y asistencia a quien tiene una enfermedad terminal, incluyendo aquí los cuidados paliativos y el manejo del miedo a la muerte.

Corresponde al Estado dictar las políticas públicas que tomen en cuenta las condiciones económicas y de salud de cada persona mayor, en especial de las que carecen de los recursos necesarios para afrontar sus gastos médicos y de cuidados personales. Asimismo, deberá considerarse la perspectiva de género, la cultura y el estado físico y mental del individuo.

Es necesario reconstruir el paradigma de salud para que el envejecimiento sea visto como un proceso gradual que se desarrolla a lo largo de la vida. Tomar en cuenta este proceso permite visibilizar a las personas mayores no como objetos necesitados de protección, sino como sujetos de derechos que requieren de medidas especiales.

Las políticas públicas actuales que se ocupan de la salud de las personas adultas mayores no están en ceros; se han registrado avances nada desdeñables tanto en la regulación como en la práctica. Recientemente fue creado el Sistema de Información Estratégica en Salud, Dependencia Funcional y Envejecimiento,1 una plataforma de información sobre el envejecimiento en México que puede ser desde ahora de gran utilidad para la construcción de esas políticas que actualmente no son un tema prioritario.2 Podemos concluir que la adecuada protección a la salud de las personas mayores no está garantizada y sigue siendo una meta lejana. Su realidad presente es más bien desalentadora.

 

Ingrid Brena Sesma
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y del Colegio de Bioética A. C.

Este texto se publicó originalmente en la edición de julio de nexos


1 Plataforma conformada por el Instituto de Geografía de la UNAM, el Instituto Nacional de Geriatría, la Universidad de Colima y CHRISTUS, Centro de Excelencia e Innovación.

2 Palabras expresada por Luis Miguel Gutiérrez en la presentación del Sistema de Información Estratégica en Salud, Dependencia Funcional y Envejecimiento, Boletín UNAM DGCS-334, 1 de mayo de 2023.

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Publicado en: Justicia social