El fantasma de la mala praxis en México

El ejercicio médico supone riesgos ineludibles de que el paciente sufra lesiones o pierda la vida. Y es que la medicina no es una ciencia exacta, sino más bien aproximativa, que se basa en el conocimiento que ha acumulado a lo largo del tiempo a base de prueba y error. Si bien ha alcanzado su mayor perfeccionamiento en el presente, sigue en constante evolución.

El médico, por su parte, es humano y como tal es falible. Difícilmente cometerá un error médico a raíz del dolo, sino más bien desde la negligencia, la impericia o la imprudencia. Su deber es minimizar y controlar los riesgos hasta donde sea posible, obligado ética y jurídicamente a mantener los más altos estándares de atención posibles. ¿Pero cuáles son estos estándares?

El Código Penal Federal mexicano establece que obra culposamente quien causa un daño que era previsible o confió en que no ocurriría, violando un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias personales. Se trata entonces de un deber estándar de atención, cuyos alcances no están muy bien definidos, pero que descansa en la buena fe que se atribuye al ejercicio médico que por su naturaleza busca siempre ayudar y no dañar al paciente.

Ahora, ¿qué esperar del ejercicio médico desde la perspectiva del paciente? Cuando acudimos a un médico o si nos internamos en un hospital, confiamos en que profesionales técnicos aplicarán sus conocimientos, esfuerzo y experiencia en atender nuestro padecimiento. ¿Pero qué sucede cuando los resultados de la atención son diferentes a los esperados? ¿Cómo saber si la muerte o lesiones propias o de un familiar derivaron de la negligencia médica o de factores atribuibles a la gravedad del caso, a un mal seguimiento de las indicaciones, o a un caso fortuito?

De acuerdo con nuestra Constitución, “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Lo complicado es saber qué alcance tiene ese derecho. A pesar de la igualdad ante la ley, en México el nivel de atención está condicionado a una serie de factores: no es lo mismo ir a un hospital privado que a uno público, ni ir en la capital del país que en otras ciudades, poblados o comunidades. Ni la preparación del personal médico, ni los insumos hospitalarios o la tecnología utilizada son comparables. Como ciudadanos, no nos queda más que asumir que nuestro derecho a la salud comienza y termina en la atención a la que tenemos acceso.

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, el 79.2% de las clínicas y hospitales del IMSS tuvo saturación de usuarios; mientras que dicho porcentaje fue de 74.4% en el ISSSTE, de 67% en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y de 69.9% del Servicio de salud del IMSS-Bienestar.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, durante el 2023 hubo 3513 quejas (1947 en el sector público y 1566 en el sector privado). Tan sólo de enero a junio de 2024, se registraron 2900 expedientes del IMSS ante la CNDH; 853 del ISSSTE, y 348 de la Secretaría de Bienestar.

Los derechos cuestan dinero, es imposible garantizarlos sin fondos y apoyos públicos utilizados de manera efectiva. Por ello, es indispensable destinar recursos públicos para garantizar de manera progresiva el derecho a la salud.

Tenemos un sistema de salud plagado de carencias, empezando por la falta de presupuesto, lo que repercute en un deterioro de los estándares que conforman la ética médica que debería poner las necesidades de los pacientes en el centro de la atención. Nos encontramos en una lamentable vorágine en la cual la medicina ha sucumbido ante el aparato burocrático de la administración, haciendo que numerosos profesionales deban renunciar a los principios más básicos de la profesión.

Hemos normalizado que la gente sufra daños en hospitales, llegando incluso a la muerte, sin recibir una justificación bien sustentada de lo que sucedió. No nos queda más que conformarnos con diagnósticos lo suficientemente ambiguos y generales como para que quede siempre la duda de si lo que sucedió es atribuible al personal médico y hospitalario o no.

Dictámenes como “falla orgánica múltiple”, “falla sistémica”, “falla respiratoria”, o “falla cardiorrespiratoria” abundan en los diagnósticos por necropsia, disimulando el diagnóstico subyacente que provocó la falla orgánica. Muchas veces no nos queda más que asumir la muerte de un ser querido como destino, sin preguntarnos hasta dónde debió alcanzar la medicina para evitarlo, y sin cuestionar si hubo responsabilidad institucional, si los equipamientos e insumos eran de buena calidad, si estaban actualizados y si se cumplió con los protocolos de actuación y cuidados básicos, aunque en el fondo sabemos que los niveles de saturación del sistema de salud impiden que la atención sea todo lo buena que podría ser.

Además, a menudo nos enfrentamos a malos tratos en los servicios de salud. Salvo valiosas excepciones, sobre todo en los hospitales públicos, muchas veces nos vemos expuestos a un trato que nos coloca como el objeto de la atención y no como sujetos capaces de entender y de participar de la práctica médica. Ya sea por falta de vocación, por fatiga, saturación o por deformación empírica, nos encontramos en ocasiones frente a médicos que no muestran interés en informar o responder las inquietudes de sus pacientes, apartados de un ejercicio humanista de la medicina.

La evolución de la práctica médica, positiva en muchos sentidos gracias a los avances tecnológicos, tiene como efecto negativo un distanciamiento entre el médico y el paciente. En ocasiones, se privilegian altos niveles de especialización técnica en detrimento de una formación más ética y humanista. Algunos médicos tienden a enfocarse en aspectos específicos del tratamiento, sin adquirir un compromiso integral, lo que fragmenta la atención y perjudica al paciente. Más preocupante aún, en hospitales públicos muchas veces no hay un médico asignado al paciente, por lo que nadie se hace realmente responsable de su estado general.

¿Hasta dónde es responsable el médico de no prestar apropiadamente los servicios a los que está obligado según su profesión, cuando las condiciones en las que se desempeña no son las idóneas? ¿Cómo entender la mala praxis en un sistema de salud insuficiente?

Hace cinco meses perdí a mi madre en el hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. La saturación del área de urgencias impidió que recibiera los cuidados adecuados y la atención constante que requería según su ficha de enfermería. Las hojas médicas recuperadas presentan numerosas incongruencias; la causa de muerte registrada fue un choque séptico. Médicos y abogados especializados que revisaron el expediente coinciden en que probablemente falleció por broncoaspiración debido a la falta de cuidados. El expediente no indica quién era el responsable de urgencias en el momento de su muerte y el informe de enfermería de ese día está incompleto. Cuando solicitamos información al hospital recibimos un trato insensible por parte de la jefa de enfermería, quien dijo que, si queríamos información, debíamos solicitar el expediente a través de transparencia.

Mi madre había ingresado por un dolor abdominal que ya se había aliviado, con todos sus niveles en rango normal y no hubo un deterioro progresivo que explique su defunción. A pesar de haber pasado ocho días en el hospital, nunca fue trasladada a piso; se supone que la darían de alta el mismo día de su fallecimiento. Cuando obtuvimos el expediente, este no incluía las tomografías solicitadas, mismas que conseguimos más adelante y que mostraban que no tenía ninguna infección ni sepsis. Escribo esto en busca de consuelo en medio de una pérdida irreparable, con la esperanza de que este relato contribuya a evitar que otras familias pasen por una situación similar.

Como pacientes, no nos queda más que asumir los resultados de la atención que se nos ha brindado o iniciar un largo proceso legal para, si acaso, obtener una respuesta satisfactoria después de sortear trabas burocráticas, y trámites intrincados. El daño es irreparable, la lucha en contra de ese aparato poderoso y que se protege a sí mismo es únicamente por el derecho a la verdad, como último acto reivindicativo y de dignidad.

Eunice Rendón
Doctora en políticas públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París. Experta en migración y seguridad, coordinadora de la organización Agenda Migrante y miembro del Colegio de Bioética A. C.