Claudia Sheinbaum: la política y la ciencia

Max Weber, sociólogo y economista alemán, distinguía la vocación política de la científica como dos intereses diferenciados del quehacer humano. En su clásico ensayo “El político y el científico”, consideró que la política es el campo donde se dirime y se distribuye el poder, siendo las facultades más importantes de quien lo ejerce el carisma y la confianza de que puede lograr grandes hazañas. Sin embargo, la vocación política estaba atada al reconocimiento de la legitimidad estatal apoyada en un fundamento legal, en normas confeccionadas conforme a la razón. Así, el acatamiento de las obligaciones y derechos establecidos en la ley para quien asumía su vocación política, así como para la población gobernada, era una cuestión ineludible. Es decir, la política tenía su basamento en el Estado de derecho.

Ilustración: Oldemar González

Por otra parte, para Weber, la vocación científica tenía como principales objetivos perseguir una carrera académica y enseñar dentro de las universidades, forjando nuevas mentes interesadas por el conocimiento. La docencia debía entonces promover la incomodidad en las aulas, la discusión de hechos contrarios a la opinión personal de cada estudiante, mostrando las distintas corrientes de pensamiento. La vocación científica, por lo tanto, partía de la crítica y la curiosidad intelectual de interpretar, darle un sentido y una explicación a los sucesos de la vida. El objetivo de la ciencia era obtener claridad para poder discernir qué postura práctica adoptar ante un problema importante. Así, la vocación científica se reflejaba en la devoción al saber, decantándose en la enseñanza. Por lo tanto, la cátedra universitaria servía a una lógica distinta de la demagogia en la política: la formación de nuevas mentes científicas.

Actualmente, esta dicotomía está superada, pues el siglo XX demostró que la política y la ciencia necesitan tener un ejercicio conjunto y no deben ser vistas como vocaciones humanas antitéticas. Las políticas públicas deben estar basadas en evidencia científica. La buena política debe nutrirse también de la buena ciencia, de aquellos estudios con base empírica o que tienen un soporte por la comunidad científica que los ha debatido y analizado previamente. Hacer política sin tener en cuenta qué dicen los datos ni la evidencia científica puede conducir a soluciones maltrechas para problemáticas sociales complejas que ni siquiera se alcanzan a dimensionar bien. La comprensión teórica de los problemas sociales y económicos, el diseño cuidadoso y bien confeccionado de las políticas públicas basadas en estudios académicos rigurosos, debería ser un interés prioritario para quien ostenta un alto cargo público.

La recién electa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puede ser un ejemplo de la integración de ambas vocaciones: la política y la científica. La carrera científica de Sheinbaum inició en la UNAM, en la licenciatura de Física. De ahí, ha seguido profundizando esta vocación a través de sus estudios de maestría y doctorado en ingeniería energética, así como en sus investigaciones sobre energía y cambio climático que han tenido reconocimiento internacional, formando parte en 2007 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC, por sus siglás en inglés) de la ONU sobre energía e industria, contribuyendo en la escritura del apartado sobre “mitigación del cambio climático”del Cuarto Informe de Evaluación de este grupo, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz a ese grupo de científicos y Al Gore por sus contribuciones a la difusión del conocimiento sobre el tema. Como política, su trayectoria también es conocida, iniciándose como activista estudiantil de izquierda en su juventud y consolidándose posteriormente como secretaria de Medio Ambiente y jefa de Gobierno de Ciudad de México. Junto con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es fundadora del partido que la llevó a la Presidencia de México: Morena.

Sheinbaum tiene un perfil distinto al de su mentor. Esto da una ventana de oportunidad para que pueda proponer políticas públicas basadas en evidencia científica. Se esperaría que gobernara haciéndole caso a los datos producidos por las reconocidas instituciones públicas del país, como el Inegi, y también a los estudios académicos, más que con cifras inventadas en las conferencias de prensa públicas, un estilo controvertido de AMLO durante “la mañaneras.” Por su pasado académico, es posible que también promueva más apoyos para la educación y la investigación científica. Sería deseable que se revisaran las políticas del gobierno a la investigación que han recortado becas universitarias e incentivos de publicación para la academia en México.

Otro gran tema que puede tener mayor visibilidad en la próxima administración es el del campo de su especialidad: las energías renovables y el cambio climático. En la campaña presidencial, Sheinbaum consideró necesario hacer una transición a la generación de energías renovables aunque también prometió que seguirá impulsando los grandes proyectos iniciados por la administración de AMLO: el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Sureste. Una cuestión paradójica, porque los proyectos han sido criticados por el movimiento ambientalista mexicano por no contar con la sustentabilidad ecológica necesaria que exige la ley, y tampoco se han hecho las consultas debidas con los pueblos indígenas como señalan los tratados internacionales de derechos humanos cuando se avanzan proyectos de desarrollo económico en territorios ancestrales.

Por otra parte, Sheibaum fue electa presidenta de México en una elección histórica, no sólo por ser la primera mujer que asume el cargo en dos siglos de ejercicio del poder presidencial masculino, sino por un arrollador voto de la población que le dio una mayoría calificada en el Congreso a la coalición que ella encabeza (integrada por Morena, el Verde y el Partido del Trabajo). Esto quiere decir que Sheinbaum asume el cargo con una incuestionable legitimidad otorgada por el voto popular, teniendo un alto poder de gobernabilidad durante su sexenio del que ningún presidente en la historia democrática reciente del país había gozado con anterioridad. Ni siquiera López Obrador, cuyo partido llegó con un tercio de representación política en los escaños del Congreso, sumando con sus alianzas de la coalición (PT y PES) casi el 44% de la representación en ambas Cámaras, lo que lo llevó a forjar alianzas con otros partidos, como el Verde Ecologista, para reformar leyes secundarias.

Claudia Sheinbaum contará con un poder superior al de AMLO: las mayorías políticas necesarias para pasar reformas constitucionales, que necesitan de la aprobación de dos terceras partes del Congreso, cuestión que no será difícil de lograr teniendo mayoría calificada gracias a las alianzas con los partidos de la coalición (PT y Verde, que también tienen una alta representación en el Congreso). Entre las propuestas presidenciales pendientes del “Plan C”, presentadas al Congreso por AMLO hace unos meses, están las reformas en materia de salud, educación y vivienda, así como la alteración de la composición de los tribunales de justicia y un rediseño de los órganos autónomos, entre ellos la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Estas reformas pretenden someter a la elección popular los altos cargos judiciales, de quienes integran la Suprema Corte, así como de los consejeros y magistrados electorales. Además, se propone desaparecer el IIE y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con una mayor injerencia del gobierno en sus funciones y competencias más reducidas. Estas propuestas presidenciales han sido criticadas por la oposición política y las élites intelectuales como una forma de minar las instituciones democráticas que fungen como contrapesos del presidencialismo vigente. La Suprema Corte ha declarado inconstitucionales algunos de los decretos legislativos que dieron origen al Tren Maya y a la desaparición del Insabi para integrarlo al IMSS Bienestar, por haber violado los procedimientos formales de deliberación parlamentaria en el Congreso.

En este contexto de gran poder de gobernabilidad de Morena como partido hegemónico, ¿qué podemos esperar de Claudia Sheinbaum como presidenta de México? Más allá de continuar con los programas sociales y la narrativa populista de AMLO, es importante que Claudia Sheinbaum atienda a su voz científica. Que no la haga a un lado cuando se trate de atender problemáticas tan importantes y urgentes como la violencia de género, la ocasionada por el crimen organizado, y las deficiencias estructurales sanitarias evidenciadas por la pandemia, como el deterioro y falta de recursos del sistema de salud para atender con calidad a las personas usuarias. En este sentido, un informe de publicación reciente elaborado por una comisión de científicos independientes del país demuestra que la pandemia no tuvo una gestión adecuada por el gobierno federal, cobrando vidas no sólo de las personas adultas mayores, sino de las personas más jóvenes.

De acuerdo con este informe, el sistema de salud mexicano tenía capacidades minadas para atender a las personas cuando llegó la pandemia, por la inoportuna eliminación del Insabi y el seguro popular en 2020, meses antes de que estallara la crisis sanitaria global. “En 2018, 20.1 millones de mexicanos (el 16% de la población) carecían de acceso a la salud. Pero en 2022 la falta de acceso a la salud alcanzó a 50.4 millones de personas (el 39%)”. En este sentido, la respuesta fallida de México a la pandemia se debió, de acuerdo a esta comisión científica, a “la permamente subestimación de la gravedad del virus, la centralización y personalización de las decisiones y la política de austeridad” del gobierno. Tres grandes fallas que marcan también la manera de gobernar de López Obrador. Por su vocación y trayectoria científica, esperemos que, como presidenta, Claudia Sheinbaum se aparte de esta forma de encarar las graves crisis globales y nacionales del país. De igual forma, que su vocación política se ciña a los cimientos establecidos en la Constitución del Estado de derecho. Una cuestión que también fue difícil de acatar por el presidente saliente durante su sexenio.

 

Alma Beltrán y Puga
Doctora en Derecho, académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Miembro del Colegio de Bioética A. C.

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Publicado en: Justicia social