Las discusiones éticas sobre el final de la vida suelen centrarse en dilemas como la legalización de la muerte médicamente asistida o la ampliación del acceso a cuidados paliativos. Sin embargo, rara vez se considera cómo la falta de opciones reales afecta de forma desproporcionada a las personas con menos recursos económicos.
Justicia social
Las leyes no son mágicas
Hemos establecido como forma de medir si los legisladores trabajan o no, el número de sesiones al que acuden, el número de iniciativas que presentan y que les son aprobadas. Bajo esta perspectiva, un legislador, estatal o federal, es productivo si hace leyes, sin importar si están bien hechas o si producen algún efecto benéfico a la sociedad.
Diario de un heroinómano que decidió ser feliz
El pasado enero se presentó la campaña preventiva “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”. No habla de reducción de riesgos, de naloxona, de pruebas de sustancias, de salas de consumo supervisado. No menciona la metadona ni el apoyo psicológico. ¿Y si hacemos una campaña con evidencia? ¿Con datos reales? ¿Y si dejamos de poner personajes de caricatura y empezamos a distribuir información útil, servicios médicos, educación no moralizante?
Ética médica · Inicio y fin de la vida · Justicia social
Morir bien se dice de muchas maneras
Procurar que se implemente la muerte médicamente asistida trata acerca de las opciones al final de la vida que habrían de ser contempladas en un Estado social de derecho; promover el modelo de atención paliativa se trata acerca del cultivo y el despliegue efectivo y suficiente de un modelo cuyo objetivo es aliviar el sufrimiento, que se centra en la persona y en la reducción de síntomas de diversa índole.
Inicio y fin de la vida · Justicia social
Los desafíos de regular el acceso a las Tecnologías de Reproducción Asistida
El camino hacia la igualdad en el acceso a las Tecnologías de Reproducción Asistida implica aumentar el financiamiento público para tratamientos de fertilidad, aplicar una supervisión más estricta sobre las clínicas privadas y asegurar que ninguna persona sea excluida por su género, raza, edad, condición social o situación económica.