Ana Milagros Estrada Ugarte nació en Lima el 20 de noviembre de 1976 y se formó como psicóloga. A pesar de las limitaciones que le impuso su enfermedad, ejerció su profesión y tuvo un importante desempeño como activista de los derechos humanos. Desde los 12 años Ana padeció polimiositis, una enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune e incurable que afecta de manera principal a los músculos esqueléticos y en particural aquellos más cercanos al torso. Se trata de una enfermedad sistémica, lo que significa que afecta a todo el cuerpo.
Por su condición, Estrada requirió cuidados permanentes y apoyo de una enfermera. Con el avance de la enfermedad, desde 2015 necesitaba mantenerse conectada a un ventilador a través de una traqueostomía. Si bien de esta forma podía vivir, Ana consideraba que esta situación era incompatible con su idea de una vida digna.
En 2019 Ana solicitó al gobierno peruano que le permitiera acceder a la muerte asistida, pues en su país no estaba permitida esta opción. Y a principios de ese mismo año abrió su blog “Ana: Por la libertad de decidir sobre mi vida y mi cuerpo”, en el cual expresó su decisión de no prolongar su sufrimiento y defender su derecho a elegir el momento y modo de morir. Con el mismo fin, también comenzó una campaña a través de Change.org.
Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo (que sería el equivalente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México) que asumió su defensa, especificamente con la abogada Josefina Miró Quesada.[1] Ana ganó la acción de amparo interpuesta a la Corte Superior de Justicia de Lima; así consiguió que no se aplicara el artículo 112 del Código Penal que castiga el llamado “homicidio piadoso” y sanciona a los médicos que ayudan a morir a un paciente. Ana obtuvo el permiso para morir mediante eutanasia. Cabe señalar que es un permiso que únicamente aplicaba para ella. Aunque la sentencia no legalizó la eutanasia para la población en general, sí abrió un precedente que ha permitido el debate legislativo y sobre todo social sobre la regulación de la muerte asistida en Perú.
El 23 de febrero de 2021, el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar la decisión de Ana de recurrir al procedimiento de eutanasia. Además de declarar inaplicable para su caso el artículo 112 del Código Penal, ordenó elaborar un plan y protocolo específicos, así como designar a los profesionales de salud que habrían de encargarse del procedimiento. Un mes después, tanto la Procuraduría General de la República como los ministerios de Justicia y de Salud emitieron comunicados señalando que no apelarían la sentencia. Por disposiciones legales, el caso se consultó en la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema del Perú, misma que ratificó el fallo, reiterando el reconocimiento al derecho de Ana Estrada a una muerte digna.
En el protocolo se estableció que dicho procedimiento estuviera a cargo de un médico cercano a Ana y así fue. El domingo 21 de abril de 2024, Ana ejerció su derecho a una muerte digna. Según palabras de su abogada, Miró Quesada, Ana murió a los 47 años “en sus propios términos”, manteniendo hasta el final el control sobre su autonomía y su concepción de dignidad. La noticia de su fallecimiento la hicieron pública el día siguiente su abogada y la Defensoría del Pueblo, subrayando que por primera vez una ciudadana del Perú accedía legalmente a una muerte por eutanasia.
La historia de Ana ha dado lugar a que organizaciones de derechos humanos, académicos y activistas continúen abriendo el debate sobre la eutanasia y la muerte digna tanto en Perú como en la región. A pesar de que el permiso para recibir la eutanasia fuera únicamente aplicable para Ana, sin duda su logró significa un precedente que permite ahondar en la obligada reflexión de la muerte digna y la eutanasia.
Héctor A. Mendoza C
Miembro del Colegio de Bioética, A.C. Integrante del SNI y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Asunción Álvarez del Río
Miembro del Colegio de Bioética, A.C. Integrante del SNI y profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
[1] Josefina Miró Quesada es una profesional del derecho y defensora del derecho a morir dignamente que siempre estuvo muy cerca de Ana Estrada. Al conocer el caso de Samara Martínez, quien en México ha defendido la Ley Trasciende para que se legalice la eutanasia, encuentra grandes similitudes entre la lucha de estas dos mujeres. Ojalá que Samara consiga, como lo hizo Ana, cumplir su deseo de recibir ayuda para morir cuando así lo decida.