Vivimos como si la muerte fuera un asunto ajeno: algo que les ocurre a otros, más adelante, en circunstancias indefinidas. Sin embargo, cuando llega —como inevitablemente lo hace—, nos encuentra casi siempre sin preparación, sin decisiones tomadas y sin haber dicho lo necesario. Tal vez el problema no sea sólo que evitemos pensar en la muerte, sino que tampoco asumimos la responsabilidad que tenemos frente a ella.
En México sólo entre el 4 % y el 7 % de la población cuenta con un plan funerario o cobertura de previsión final. Esto significa que más del 90 % de la gente enfrenta la muerte de un familiar sin protección financiera, lo que incrementa los costos finales hasta un 30 %. La mayoría de la gente tampoco preveé lo que pasará con sus bienes cuando muera: únicamente entre el 4.7 y el 8 % de la población cuenta con un testamento, lo que significa que más del 90 % no ha definido el destino de sus bienes —lo que genera el riesgo de conflictos familiares.
El porcentaje de gente que ha hecho su documento de voluntad anticipada es bajo. Antes llamado testamento vital, se manifiesta por anticipado su voluntad para que esta se cumpla si se llega a un estado en el que no pueda tomar decisiones o expresarse sobre los cuidados o el tratamiento que quiere o no recibir en caso de enfermedad o discapacidad. A nivel nacional es difícil saber cuál es el porcentaje de gente que lo ha hecho, dado que las leyes de voluntad anticipada varían en cada estado y es una materia en la que se está avanzando con lentitud —hay leyes de voluntad anticipada en 20 de 32 estados. En la Ciudad de México —donde se legisló sobre este asunto por primera vez en 2008 y en donde la ley solicita hacerla ante un notario público—, sólo 24 000 personas cuentan con dicho documento. Para una ciudad de más de 9 millones de habitantes, y en la que aproximadamente el 16 % de la población es mayor de 60 años, es una cifra es minúscula.
Aunque es difícil medirlo con precisión, todo indica que muy pocas personas han conversado con su familia o con alguien de confianza sobre qué querrían en caso de no poder decidir por sí mismas. Este tipo de conversaciones complementan el documento de voluntad anticipada, pero sin esta conversación habrá muchos obstáculos para seguirla. Persiste así una paradoja: en una cultura que suele presentarse como cercana a la muerte —que la nombra con humor, la ironiza e incluso la celebra—, hablar del tema sigue siendo excepcional. Las reacciones típicas lo revelan: “Prefiero no hablar de eso”, “¿Ya quieres que me muera?”, “Mejor no mencionemos la muerte, no vayamos a invocarla”. Estas formas de evasión, superstición o tabú hacen que el tema rara vez se aborde con la seriedad que exige, y con frecuencia sólo sale cuando ya es demasiado tarde. Cuando la familia debe decidir por la persona que nunca se manifestó en un sentido o en otro. Entonces aparecen interpretaciones encontradas: unos afirman que “nunca hubiera querido vivir así”, mientras otros sostienen que “siempre fue una luchadora y no se rendiría en una circunstancia como esta”. Lo que se presenta como un tabú termina en consecuencias muy concretas: cargas emocionales evitables y conflictos familiares que podrían haberse mitigado si la conversación hubiera ocurrido a tiempo.
Que la expresión clara de la voluntad relacionada con el final de la vida sea tan baja admite explicaciones en distintos niveles: la desidia, los costos de los trámites, la desinformación, la escasa difusión de las opciones disponibles, la debilidad de los marcos institucionales que deberían garantizar ciertos derechos —muchas veces ni siquiera reconocidos legalmente— y, por su puesto, la falta de responsabilidad ante el final de la vida.
Asumir la responsabilidad ante la propia muerte implica reconocer, en primer lugar, que es inevitable, pero implica también realizar preparativos prácticos para no encontrarse en condiciones complicadas, así como para aliviar la carga de los seres queridos. Incluye la aceptación emocional, la planificación logística (testamentos, planes funerarios, voluntades anticipadas, conversaciones con la familia) y una gestión proactiva de la salud y de los mecanismos disponibles para su protección (como contar con seguridad social o con seguros de gastos médicos) para garantizar, en la medida de lo posible, la tranquilidad propia y de quienes nos rodean.
Vivir bajo la ficción que el tiempo es indefinido puede ser comprensible en la juventud, pero es menos justificable conforme van pasando los años y envejecemos. Darnos cuenta de la finitud de nuestras vidas no las empobrece, sino que vuelve la existencia significativa —como lo han afirmado tradiciones filosóficas distintas, desde el estoicismo a ciertas lecturas existencialistas—. Una pregunta interesante es si realmente vivimos como si la ficción del tiempo indefinido fuera cierta, o si más bien organizamos nuestras vidas para no pensar en ello.
Asumir la propia muerte tiene una dimensión práctica que suele posponerse, a veces por superstición, a veces por incomodidad, y a menudo por una vaga confianza en que “ya habrá tiempo…” hasta que no lo hay. Esta omisión traslada costos emocionales, económicos e incluso morales, a mi yo futuro y a otros. La planificación anticipada no es sólo una cuestión de orden administrativo, de imprudencia o de falta de previsión: es un acto de responsabilidad. Evita posibles conflictos familiares, reduce la incertidumbre en momentos de vulnerabilidad y, sobre todo, respeta la autonomía futura cuando ya no pueda ejercerse.
Se suele presentar la autonomía como la capacidad de decidir por uno mismo, pero en el contexto del final de la vida esa autonomía es prospectiva y dependiente: requiere anticipar escenarios en los que posiblemente uno ya no será un agente pleno, en que las propias capacidades cognitivas estarán disminuidas o ausentes y confiar en que otros interpretarán o ejecutarán esas decisiones de manera correcta. Esto obliga a pensar la autonomía no como un atributo aislado, sino como algo que se sostiene en redes de confianza, en instituciones (legales, sanitarias) y en prácticas sociales que pueden fallar.
La gestión proactiva de la salud introduce otra capa de complejidad. En un contexto donde la medicina contemporánea puede prolongar la vida de maneras muy significativas, “cuidarse” no es una noción neutral. ¿Se trata de maximizar la duración de la vida a toda costa? ¿O de preservar ciertas capacidades que uno considera constitutivas de una vida digna? Estas preguntas no son puramente técnicas; son normativas. Decidir, por ejemplo, hasta qué punto se desean intervenciones invasivas, o en qué condiciones se rechazarían, implica una concepción previa de lo que hace valiosa la vida. Evitar esta reflexión no la elimina; simplemente la delega en terceros, que decidirán bajo presión, con información incompleta, y con un mayor margen de error para interpretar lo que la persona querría o lo que pensaría que constituía una vida digna —y una muerte digna— para ella.
Asumir la propia muerte no es sólo una tarea privada, sino también una cuestión de justicia: depende de condiciones sociales que hacen posible —o frustran— esa responsabilidad. Hasta que no se garanticen los derechos de las personas y en nuestra sociedad haya más acceso a opciones al final de la vida no tendremos un ideal de justicia social.
Algunas decisiones al final de la vida llevan esta idea de responsabilidad a un punto límite. Optar por la eutanasia o por el suicidio médicamente asistido puede interpretarse como una forma de hacerse cargo de la propia muerte: no sólo en el sentido de reconocer que es inevitable, sino de asumir las condiciones en que ocurrirá, sobre todo cuando se enfrenta un sufrimiento intenso derivado de una enfermedad terminal o crónico-degenerativa. Desde esta perspectiva, la decisión no es meramente una huida del dolor o el sufrimiento, sino también un intento de evitar cargas físicas, emocionales y económicas que recaerían sobre uno mismo y sobre los seres cercanos. Sin embargo, esta interpretación no está exenta de tensiones: también cabe preguntarse si, y en qué medida, esa decisión responde a presiones sociales, a desigualdades en el acceso a cuidados paliativos o a formas de vulnerabilidad que complican la idea de una elección plenamente autónoma.
La responsabilidad ante la propia muerte no es sólo un deber prudencial, sino también es un deber moral hacia los otros. Se trata de deberes que conviven y se enfrentan con la resistencia, la ambivalencia e incluso la negación que acompañan nuestra relación con la finitud. Por eso, más que como un ideal de control total sobre la vida y su desenlace, la responsabilidad ante la propia muerte debería concebirse como un proceso gradual de hacerse cargo de aquello que inevitablemente nos excede.
Gustavo Ortiz Millán
Miembro del Colegio de Bioética, A.C.