Plaguicidas, Parkinson y cáncer

En los últimos años hemos presenciado un aumento acelerado de diversas enfermedades, pero aquí quiero destacar dos: la enfermedad de Parkinson y ciertos tipos de cáncer. ¿Qué tienen en común? Numerosos estudios han demostrado que la exposición a plaguicidas —en general y a algunos compuestos específicos— está asociada con un mayor riesgo de desarrollar Parkinson y distintos tipos de cáncer.

El Parkinson es una condición neurodegenerativa, progresiva e incurable que afecta el movimiento y la coordinación. Se caracteriza por tremor muscular, rigidez, lentitud de movimiento e inestabilidad; estos síntomas pueden progresar con el tiempo y volverse más severos. Históricamente ha sido poco común, pero en los últimos años ha habido un incremento significativo en los casos de esta enfermedad a nivel global. Se calcula que en 1990 había 2.6 millones de personas en el mundo con Parkinson, para 2015 ya había 6.3 millones, y en 2025 se estima que hay entre diez y doce millones. Se cree que para 2040 existan unas 17 millones de personas enfermas. Se habla ya de una pandemia de Parkinson, que se ha convertido en la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer, y en la de más rápido crecimiento a nivel mundial. En México, se estima que entre 300 y 500 mil personas padecen Parkinson.

Uno de los factores que suelen citarse para explicar este incremento es el envejecimiento poblacional, pero si esto fuera así, el número de individuos afectados, ajustado por edad, sería uniforme alrededor del mundo. Es decir, sería igual en adultos mayores en ciudades de países de ingresos altos como Estados Unidos o Canadá que en adultos de ciudades de países de ingresos bajos, como Kenia. Pero esto no es así: la prevalencia de Parkinson es cinco veces mayor en adultos mayores de las ciudades de los primeros países que en las de países del África subsahariana. De hecho, hay datos que indican que cada vez más gente joven está desarrollando la enfermedad. Los factores genéticos tampoco parecen tener un rol importante: el Parkinson es de las menos hereditarias de entre las principales enfermedades que nos afectan hoy en día.

Por eso, cada vez cobran más relevancia en la explicación de esta enfermedad los factores ambientales, como la presencia de solventes industriales en nuestra agua, la contaminación del aire que respiramos, pero sobre todo la exposición a plaguicidas, que se ha vinculado a un riesgo mayor de desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, hay cada vez más evidencia de que plaguicidas como el paraquat están vinculados a una mayor probabilidad de desarrollar Parkinson. Un artículo publicado en 2023 en la revista Nature identifica por lo menos diez plaguicidas —o “productos fitosanitarios”, como eufemísticamente se les llama— vinculados al Parkinson: cuatro insecticidas, tres herbicidas y tres fungicidas. Tanto el paraquat como la mayoría de los plaguicidas que menciona el artículo están autorizados y se utilizan en la producción agroalimentaria en México.

Por otro lado, las tasas de cáncer han ido aumentando a nivel mundial, con un aumento significativo de alrededor del 79 % en los cánceres de aparición temprana (de 14 a 49 años) entre 1990 y 2019, y un aumento proyectado del 31 % en los casos de aparición temprana para 2030. Hay muchos tipos de cáncer y tienen distintas causas, pero igualmente hay evidencia que muestra que algunos están asociados con la exposición a plaguicidas. Por ejemplo, una revisión sistemática de artículos académicos publicados entre 1992 y 2003 sobre la evidencia epidemiológica de este vínculo muestra asociaciones positivas entre la exposición a plaguicidas y varios tipos de cáncer, especialmente linfoma no Hodgkin, leucemia y tumores sólidos como los de cerebro y próstata. La base de datos Pesticide-Induced Diseases: Cancer de Beyond Pesticides también reúne abundante evidencia científica que relaciona la exposición a plaguicidas con distintos tipos de cáncer en humanos y animales. Aunque los investigadores advierten que muchos estudios enfrentan limitaciones para medir con precisión la exposición real a los plaguicidas, la evidencia acumulada sugiere una relación consistente entre la exposición crónica con estas sustancias y la aparición de diversos tipos de cáncer.

Existen algunos estudios que examinan la relación entre residuos de plaguicidas en alimentos y el riesgo de cáncer, aunque la evidencia no es concluyente y enfrenta desafíos metodológicos. Por ejemplo, los plaguicidas organoclorados (como el DDT y su metabolito DDE, así como aldrín, clordano y heptacloro) se depositan en tejido graso. En estudios de tejido adiposo mamario se han detectado niveles más altos de residuos organoclorados (como aldrín y ciertos PCB) en mujeres con cáncer de mama frente a controles, lo que sugiere una posible relación positiva entre esos residuos y la enfermedad. De acuerdo con otro estudio, el consumo prolongado de pequeñas cantidades de residuos de organoclorados presentes en alimentos, ha sido considerado una vía de exposición crónica asociada con alteraciones hormonales y con el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar, linfoma no Hodgkin, leucemia y tumores del tejido blando.

En el caso del herbicida glifosato, se ha detectado su presencia como residuo en alimentos derivados de cultivos como trigo, soya y avena, lo que genera preocupación por su exposición dietética. También se ha detectado en los cereales de maíz importados desde EUA que mucha gente desayuna. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) lo clasificó en 2015 como “probablemente cancerígeno” para humanos, basándose principalmente en estudios ocupacionales y de asociaciones con linfoma no Hodgkin.

He resaltado aquí dos enfermedades cuya prevalencia va a la alza, pero el uso de plaguicidas se asocia con otras condiciones como el Alzheimer, problemas cognitivos, enfermedades respiratorias (como el asma), alteraciones endocrinas y problemas reproductivos. De hecho, ahora sabemos que algunos pueden actuar como obesogénicos (promueven la obesidad) y diabetogénicos (aumentan el riesgo de diabetes), dos de los problemas de salud pública más importantes que tenemos.

Hay datos que indican que los alimentos más contaminados con plaguicidas en México incluyen: los productos cárnicos de todo tipo (porque muchos plaguicidas son solubles en grasa y se acumulan en los tejidos animales), productos lácteos grasos (leche, queso, mantequilla), fresas y otros frutos rojos (las fresas pueden contener hasta 36 plaguicidas diferentes), manzanas y peras (también con 36 sustancias, muchas neurotóxicas), jitomates (rociados con cerca de 30 plaguicidas), papas (llegan a tener un promedio de 39 plaguicidas, más antifúngicos), verduras de hoja verde como espinaca, uvas (rociadas frecuentemente) y apio (con unos 29 químicos distintos). Estos son consistentes con lo que se está viendo en otros países, como España, donde los alimentos cotidianos también están contaminados por plaguicidas.

¿Qué se está haciendo en México al respecto? El 3 de septiembre pasado, el gobierno de México emitió un decreto que prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de 35 plaguicidas por considerarlos altamente peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Entre las sustancias vetadas se encuentran el aldicarb, carbofurán, endosulfán y el DDT, todos asociados a efectos tóxicos graves y prohibidos en otros países. Esta medida representa el mayor acto regulatorio de este tipo en México en más de tres décadas: la última prohibición de este tipo se dio en 1991, a pesar de que desde hace muchos años se conocían los efectos negativos de estos plaguicidas sobre la salud —en 1972 se prohibió el DDT en EUA, después de que Rachel Carson denunció sus efectos nocivos en 1962—.

Sin embargo, la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas (REDTP) —conformada en 2015 por más de cien académicos adscritos a diversas universidades y centros de investigación en México, interesados en la temática de plaguicidas (y de la que soy miembro)— y la Red Espesies (Red para la Evaluación de la Salud Planetaria en Escenarios Sindémicos Emergentes) han advertido que esta prohibición de 35 plaguicidas es insuficiente y complaciente con la industria agroquímica. En un pronunciamiento público, estas redes señalan que la mayoría de los productos prohibidos en septiembre pasado son moléculas obsoletas, retiradas del mercado internacional desde hace años y sin registro vigente en el país, por lo que el decreto no representa un cambio sustancial ni reduce el uso de los 200 plaguicidas altamente peligrosos aún permitidos.

El pronunciamiento critica que esta acción no aborde el modelo agrícola intensivo dependiente de agroquímicos tóxicos, que genera daños graves a la salud humana y afecta la biodiversidad, en especial por la muerte masiva de abejas causada por compuestos como el fipronil y los neonicotinoides. Las redes firmantes piden una política integral y coherente que priorice la salud, el ambiente y los derechos humanos, en lugar de proteger intereses económicos. Prohibir solo 35 plaguicidas no resuelve la crisis estructural ni garantiza la protección efectiva de la población ni de las futuras generaciones.

Es cierto que mucha de la evidencia que hay sobre la relación entre los plaguicidas y las enfermedades mencionadas es consistente, pero no concluyente en sentido causal, principalmente por las dificultades metodológicas que implica evaluar el efecto de una sola sustancia en poblaciones expuestas a múltiples factores ambientales, genéticos y sociales. Los estudios epidemiológicos enfrentan limitaciones como la falta de mediciones precisas de exposición, la diversidad de mezclas químicas y los largos periodos de latencia de las enfermedades. Sin embargo, ante este escenario, la ética ambiental recomendaría la aplicación del principio de precaución, que establece que cuando exista evidencia razonable de daño potencial —aunque no haya certeza plena— debe actuarse para prevenir ese daño. Aplicar este principio implica priorizar la protección de la salud humana, la animal y del ambiente frente a intereses económicos o a la falta de certeza absoluta, promoviendo políticas de reducción, sustitución o prohibición de sustancias peligrosas.

Sin embargo, quienes favorecen los modelos agrícolas intensivos nos dicen que el uso de plaguicidas sintéticos como a los que aquí me he referido es necesario para producir alimentos para toda la población; solo usándolos se pueden controlar plagas de manera rápida y uniforme, lo que puede traducirse en mayores cosechas en el corto plazo. La respuesta a esta objeción es que existen alternativas: los sistemas agroecológicos o tradicionales. Nos dirán que son menos eficaces. Pero entonces todo depende de cuál sea nuestro rasero para medir su eficacia. Los métodos agrícolas industriales con plaguicidas sintéticos pueden ofrecer mayores rendimientos a corto plazo, sobre todo en monocultivos, al controlar plagas de forma rápida y uniforme —lo que también genera mayores rendimientos económicos—.

Sin embargo, su aparente eficacia tiene costos ambientales y sociales: degradan el suelo, contaminan el agua, afectan polinizadores (como abejas y mariposas) y la salud humana. Por otro lado, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (la FAO), los enfoques agroecológicos y tradicionales son más sostenibles, pues conservan la fertilidad del suelo, reducen la dependencia de químicos y fortalecen la resiliencia ante el cambio climático. Asimismo, fortalecen la soberanía alimentaria, al hacer que dependamos menos de las grandes compañías agroquímicas. A largo plazo, pueden igualar o superar la productividad de la agricultura industrial sin comprometer el equilibrio ecológico y la salud humana (y animal). Desde la ética ambiental y la justicia social, estos métodos son preferibles porque minimizan el riesgo y reducen los impactos en los más vulnerables —que son quienes sufrirán más los efectos de las enfermedades que los plaguicidas pueden generar, como los trabajadores agrícolas, muchos de ellos migrantes, que están más expuestos a estos productos tóxicos—, pero requieren políticas públicas de apoyo: investigación, capacitación, incentivos económicos y marcos regulatorios coherentes.

Así, la ética ambiental recomienda el camino hacia una agricultura verdaderamente sostenible. También recomienda optar por la prudencia: en este contexto esto quiere decir prohibir el uso de más plaguicidas de lo que hasta ahora —muy tímida y tardíamente—, se ha hecho en México. Optar por la prudencia también quiere decir proteger la salud, la vida y los ecosistemas incluso ante la duda científica, especialmente cuando las consecuencias pueden ser graves o irreversibles, como ya lo son para cientos de miles de personas en este país —y millones en el mundo—, que padecen distintos tipos de cáncer, de enfermedad de Parkinson y de otras muchas condiciones que pudieron haberse prevenido.

Gustavo Ortiz Millán

Investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, miembro del Colegio de Bioética y de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas.