Bioética sobre las desapariciones en México

En las últimas décadas, la desaparición de personas se ha vuelto una práctica extendida y sistemática en México. Constituye una de las violaciones más graves en contra de la dignidad humana: deshumaniza pues borra la existencia de una persona, negando así todos los derechos humanos. De ahí la importancia de su reflexión desde la bioética.

La desaparición atenta contra los principios fundamentales de esta disciplina: niega la autonomía de la persona, produce un daño extremo y vulnera la justicia al impedir el acceso a la verdad y la reparación. Además, no sólo afecta a la víctima directa, sino también a sus familiares, allegados y la comunidad a la que pertenece, a quienes se considera víctimas indirectas por el profundo daño emocional y moral que sufren.

Las desapariciones generan incertidumbre en los deudos, una ambigüedad moral sobre la vida y la muerte. Fracturan la naturaleza intrínseca de lo biológico y lo simbólico en la muerte. No saber qué ocurrió y no poder cerrar el duelo daña de forma profunda la salud emocional de las víctimas indirectas. Peor aún, la inercia de las autoridades, que la mayoría de las veces trasladan la carga de la búsqueda a los familiares, provoca desamparo y profundiza las heridas.

En México, esta tragedia ha alcanzado niveles alarmantes. Según datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de 124 mil personas siguen sin ser encontradas. Esta cifra —que se estima mucho mayor ante la falta de denuncias por miedo o desconfianza— revela una crisis de violencia y ausencia del Estado de derecho.

Aunque en nuestro país la mayoría de las desapariciones no son directamente atribuibles al Estado, éste es responsable también por omisión, en algunos casos por complicidad y, de manera amplia por la indolencia que ha llevado a cientos de miles de madres, padres, hijos y hermanos a buscar de manera desesperada a sus seres queridos. Además, por si fuera poco, entre el 94 % y 99 % de los casos permanecen impunes.

Frente a las desapariciones, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, buscar, sancionar y reparar a las víctimas, así como proteger a familiares y reivindicar la memoria y la humanidad negada a los desaparecidos. De forma reciente, derivadas del Amparo en Revisión 51/2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una serie de tesis respecto de la desaparición forzada, que incluyen: un estándar de prueba atenuadopara demostrar la desaparición forzada mediante indicios, sin necesidad de pruebas directas; el reconocimiento de las familias como víctimas indirectas (de acuerdo con la Corte, desconocer el paradero de un ser querido las somete a un sufrimiento equiparable al de la tortura) y la obligación del Estado de garantizarles atención médica, psicológica y compensaciones económicas; la facultad de jueces de amparo para ordenar las reparaciones integrales; el derecho a la verdad, permitiendo a las familias de personas desaparecidas participar en la búsqueda y conocer el destino de sus seres queridos; y el reconocimiento de la doble naturaleza de la desaparición forzada, como delito que debe ser investigado y sancionado, y como una violación grave de derechos humanos que obliga a medidas de reparación. Estas resoluciones, promovidas por la ministra Ríos Farjat, representan un avance para garantizar los derechos de las víctimas y combatir la impunidad. Sin embargo, su eficacia dependerá de su implementación real y del compromiso de todas las autoridades para poner a las víctimas en el centro de las acciones públicas.

La bioética demanda una responsabilidad colectiva frente a las desapariciones. Medios de comunicación, discursos oficiales, e incluso sectores de la sociedad, han normalizado esta forma extrema de violencia. Más grave aún, en algunos casos las desapariciones son percibidas como una consecuencia lógica de la participación de ciertos sectores —estigmatizados como delincuentes— en un fenómeno criminal que los grupos privilegiados ven como ajeno (baste escuchar a quienes acusan de criminales a los hijos de madres buscadoras, como si eso fuera una justificación para deslegitimar su derecho a exigir verdad y justicia).

La desaparición no puede ni debe ser aceptada como normal: es una negación de la existencia, tanto de la vida como del derecho a la muerte. Más allá del vacío que deja la ausencia, la desaparición provoca un luto permanente, algo así como una muerte suspendida que arrebata el rito de la despedida. Buscar a los desaparecidos, encontrar la verdad y garantizar la no repetición es un deber bioético colectivo que define quiénes somos como sociedad.

Eunice Rendón

Doctora en políticas públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París. Experta en migración y seguridad, coordinadora de la organización Agenda Migrante y miembro del Colegio de Bioética A. C.