Desafíos éticos del decrecimiento poblacional

Mucha gente piensa que algunos de los problemas más graves que afectan al mundo hoy en día se resolverían si simplemente hubiera menos gente, si se redujera el tamaño de la población mundial —que actualmente alcanza unos 8100 millones de personas, pero que según proyecciones de la ONU podría alcanzar los 10 300 millones a fines de este siglo—. En este sentido, muchos abogan por el antinatalismo, es decir, por la postura que, en su versión extrema, afirma que en el mundo de hoy la procreación es poco ética y que deberíamos abstenernos de tener hijos. Si la gente se reprodujera menos o no se reprodujera, se podría, por ejemplo, reducir la presión sobre los recursos naturales, lo cual ayudaría a solucionar problemas como el del calentamiento global. Sin embargo, esto que para muchos podría ser la solución más sencilla a diversos problemas globales también conlleva efectos negativos significativos, especialmente en términos sociales y económicos. Quiero abordar algunos con el ánimo de problematizar lo que la gente piensa que es una solución sencilla y luego llamar la atención sobre el papel que puede tener la ética poblacional para ayudar a solucionarlos.

Entre los efectos económicos negativos que puede tener el decrecimiento poblacional tal vez uno de los más graves sea la reducción de la fuerza laboral: una población decreciente implica menos personas en edad de trabajar, lo que podría desacelerar el crecimiento económico y dificultar la sostenibilidad de las empresas y sectores productivos. Con menos nacimientos, no habría la cantidad de gente joven que se necesita para ingresar al mercado laboral y reemplazar a la gente que se jubila. Por ejemplo, en Japón (que tiene una tasa de crecimiento negativa, con un -0.4 %), la escasez de trabajadores se ha convertido en un factor crucial detrás de problemas empresariales, llegando incluso a provocar la quiebra de muchas compañías. Con menos trabajadores, la producción de bienes y servicios disminuye, lo que afecta tanto a las empresas como al producto interno bruto (PIB) de un país. Cuando hay menos trabajadores disponibles, la competencia por contratar se intensifica, aumentando los salarios y los costos para las empresas. En Alemania, por ejemplo, el sistema de salud está luchando por encontrar personal para cuidar de su creciente población anciana —dando facilidades a trabajadores calificados que quieren mudarse a laborar en ese país, con lo cual fomentan la escasez de ese tipo de trabajadores en países de ingreso medio y bajo, donde son muy necesarios—.

Una consecuencia directa de lo anterior es la sobrecarga de los sistemas de pensiones: con menos trabajadores activos y una población envejecida que aumenta, o sea, cuando una sociedad se encuentra por debajo de la tasa de reemplazo, los sistemas de seguridad social y pensiones están destinados a enfrentar déficits financieros. Cuando la pirámide poblacional se invierte, es decir, cuando hay menos jóvenes a la base y más viejos en la parte superior, más gente cobra pensiones y menos gente contribuye al sistema de pensiones (por lo menos en el sistema de reparto, en el que los trabajadores activos y el Estado aportan a un fondo común para pagar las pensiones de jubilados). En Europa, donde este año por primera vez el número de personas mayores de 65 años es más grande que el de menores de 15, muchos países enfrentan déficits en sus sistemas de pensiones —y en muchos casos eso afecta directamente a los pensionados, cuyas pensiones y beneficios disminuyen—. Incluso en los sistemas en los que cada trabajador ahorra de manera individual, el alargamiento de la vida es un problema, porque la duración extendida de su vida implica que esos ahorros para el retiro deben cubrir un período de tiempo más largo del que inicialmente se planificó.

Entre las soluciones que se han propuesto para enfrentar los problemas de los sistemas de retiro están la de elevar la edad de jubilación o incluso reducir beneficios, pero estas son opciones impopulares que encuentran mucha resistencia entre la población. En 2023 hubo una serie de protestas en Francia por la propuesta de Emmanuel Macron de reformar el sistema de pensiones al buscar elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años (al final la reforma pasó junto con el requisito de que la persona haya trabajado por lo menos 43 años). En Alemania se aumentó a 67 años la edad de jubilación, pero se está analizando elevarla a 69 años. Las edades de jubilación se establecieron en muchos países a fines del siglo XIX o durante la primera mitad del siglo XX, en un contexto de desarrollo de los sistemas de bienestar social y pensiones, pero cuando la esperanza de vida era significativamente menor que la actual, de modo que hoy en día la gente vive muchos más años después de jubilarse, lo que termina haciendo incosteable el sistema de pensiones. Para tratar de enfrentar los altos costos de los sistemas de pensiones, algunos países, como Dinamarca, han implementado sistemas en los que la edad de jubilación se determina en función de la expectativa de vida.

Que la población decrezca equivale a una menor demanda de bienes y servicios, lo que afecta negativamente a las empresas y reduce los incentivos para invertir en la economía —lo que eventualmente puede terminar conduciendo a recesiones económicas, que suelen afectar a la población más desfavorecida al aumentar el desempleo, reducir ingresos y limitar el acceso a servicios básicos como educación y salud—. Países con bajas tasas de natalidad, como Italia, enfrentan una menor demanda en sectores como el inmobiliario; por ejemplo, en ciudades pequeñas y áreas rurales como Sambuca di Sicilia las casas y los departamentos permanecen vacíos, de modo que se ofrecen hasta por el equivalente de tres dólares para atraer a nuevos residentes y revivir la economía local. De hecho, la despoblación es otro efecto negativo del decrecimiento poblacional. Muchas regiones, especialmente las rurales, experimentan despoblación, lo que lleva al abandono de tierras agrícolas, infraestructura deteriorada o abandonada y la pérdida de comunidades locales (como las “ciudades fantasma” que están surgiendo en el noreste de China).

Las bajas tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida llevan a un envejecimiento poblacional, lo que genera mayores necesidades de atención médica y servicios para los adultos mayores. Esto pone mayor presión sobre los sistemas de salud, que deben atender enfermedades crónicas, discapacidades y necesidades de asistencia prolongada o de cuidados paliativos para gente enferma al final de su vida —algo para lo que muchos países como México no están preparados—. Incluso en países de altos ingresos como Japón, el gobierno enfrenta altos costos para financiar residencias y atención domiciliaria. Esto también desplaza recursos que podrían destinarse a educación o infraestructura, afectando su sostenibilidad económica a largo plazo.

También hay problemas estructurales relacionados con el envejecimiento y el decrecimiento poblacional, como la infrautilización o el abandono de infraestructura. Por ejemplo, escuelas, universidades, hospitales y otros servicios dedicados a la gente joven pueden quedar infrautilizados en áreas con poblaciones decrecientes, lo que puede resultar en cierres y falta de acceso a servicios esenciales. En Corea del Sur, por ejemplo, donde las universidades tienen dificultades para encontrar suficientes estudiantes, el gobierno está presionando para que las universidades se fusionen o cierren. Por otra parte, hasta 2021 Alemania había demolido unas 330 000 unidades del parque inmobiliario a través de un programa de contracción urbana.

Podríamos seguir enumerando otros efectos negativos del decrecimiento poblacional a nivel político o incluso ambiental (como el abandono de tierras agrícolas, entre otros), pero lo importante es tomar conciencia de ellos, prepararnos y planear con criterios éticos. Dados los niveles de sobrepoblación actuales, a algunos les puede parecer que es ingenuo pensar en los problemas del decrecimiento poblacional, pero según proyecciones de algunos demógrafos y otros especialistas, para el año 2100, de 195 países y territorios, 183 tendrán tasas de fertilidad inferiores a la tasa de reemplazo.

Muchos de estos efectos negativos podrían mitigarse a través de políticas públicas que promocionaran la migración legal hacia los países donde una creciente proporción de la población está envejeciendo o en los que está decreciendo. Sin embargo, vivimos en una época del resurgimiento de políticas populistas nacionalistas —nativistas, xenófobas y racistas en el caso de los populismos de derecha— que suelen atacar la migración porque ven en el inmigrante al “otro” que pone en riesgo sus trabajos, sus casas, su sociedad y su estilo de vida. Al mismo tiempo se ven obligados a promover el natalismo, o sea, que la gente tenga más hijos, y el nativismo, que esos niños sean hijos de los nativos del país. Este tipo de políticas suelen ir aparejadas con intentos de limitar el acceso a la planificación familiar y de restringir o penalizar el aborto (es probable que históricamente la penalización del aborto haya estado más ligada a políticas natalistas, nativistas y nacionalistas que a una defensa de la vida prenatal).

Así, vemos cómo el envejecimiento y el decrecimiento poblacional están relacionados con otros temas centrales de la bioética, como la autonomía y los derechos reproductivos. No obstante, ha habido poca discusión sobre temas de ética poblacional, al punto de llegar a ser un tema tabú. Tal vez una de las razones de esto sea que las políticas para controlar la natalidad —incrementándola o disminuyéndola—, y sobre cómo manejar el tamaño y la estructura de las poblaciones, pueden interferir en los derechos reproductivos, presionando a las personas a tener más o menos hijos o restringiendo su autonomía. Pero la ética debe ayudarnos a garantizar que las soluciones que se den al problema del decrecimiento respeten la libertad individual y se basen en incentivos positivos, en lugar de basarse en la coerción. Debe empezar por desincentivar términos como “control poblacional” o “regulación demográfica”, que evocan imágenes de intervenciones forzadas.

Pero el decrecimiento poblacional le importa a la ética no sólo por su vinculación con temas de reproducción. El decrecimiento es un asunto de ética poblacional —entendida aquí como un área de la bioética— porque afecta directamente el bienestar de las generaciones actuales y futuras, y plantea cuestiones de justicia intergeneracional (por ejemplo, los jóvenes no deben cargar desproporcionadamente con el costo del envejecimiento, al tiempo que la sociedad debe ver el modo en que no se vea a los viejos como una carga). Asimismo, el decrecimiento genera tensiones sobre cómo deben distribuirse los recursos en sociedades que envejecen (por ejemplo, cómo deben distribuirse recursos sanitarios: en caso de escasez, ¿deben priorizarse hospitales pediátricos o geriátricos?). La ética poblacional puede ayudar a dar lineamientos para políticas públicas que equilibren los derechos individuales con la responsabilidad social, fomentando justicia y sostenibilidad frente a los efectos negativos del decrecimiento poblacional.

Gustavo Ortiz Millán
Investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Colegio de Bioética.