Ya es hora de legalizar el cannabis en todo el mundo

La reciente legalización de la producción y consumo recreativo de marihuana o cannabis en Alemania vuelve a poner este tema en el debate mundial. Es evidente que la actual legalización desigual y selectiva del cannabis entre las diferentes naciones es deficiente y peligrosa. Así como desde 1961 se “armonizó” la política de diversos países (presionados por Estados Unidos) para la prohibición y persecución judicial del cannabis, ahora debería promoverse una política global de despenalización y regulación sanitaria efectiva.

Tras seis décadas de políticas mundiales persecutorias contra las drogas los resultados no han sido satisfactorios. El consumo no se ha reducido significativamente y el crimen organizado ha mantenido el control sobre la producción, distribución y venta de drogas en todo el planeta. Esto ha convertido a la compra-venta del cannabis en un mercado transnacional muy activo y destructor de la estabilidad sociopolítica de países como México.

Debemos reconocer que la política internacional centrada en la criminalización, con su retórica de “lucha contra las drogas”, ha fracasado en todo el mundo. Y ha fracasado porque fue concebida desde una concepción moral conservadora que se negó a estudiar el problema en toda su complejidad y a distinguir entre los efectos, riesgos y daños producidos por las diferentes drogas que existen, incluyéndolas todas en un único paquete demoníaco que había que mantener alejado de las buenas conciencias del mundo occidental. Pero tal política segregacionista falló. Las drogas no son consumidas sólo por parias sociales, sino por cualquier persona que tenga acceso a ellas.

En los últimos años, en diversos países se ha despenalizado el consumo personal y la posesión en pequeñas cantidades de cannabis y de otros psicotrópicos. Pero la mera tolerancia por parte de las autoridades judiciales no resuelve el problema, ni elimina el tráfico y la compra ilegales controlados por el crimen organizado; al contrario, puede fomentarlo, ya que los consumidores ya no temerán las consecuencias policiales de portarlo en la calle o en casa. La despenalización del cannabis ha sido, en cierto modo, una medida intermedia entre la prohibición y la legalización, pero ha sido criticada como la peor opción al mantener la venta ilegal y perpetuar así los problemas asociados a la producción clandestina. Una de las peores consecuencias del tráfico ilegal de cannabis es la falta de control de calidad y la alta concentración de THC¹ que incrementa el riesgo de su consumo.

Desde un punto de vista bioético, la razón fundamental para legalizar el cannabis es su menor riesgo en comparación con otros estupefacientes y psicotrópicos. El cannabis tiene un riesgo menor si la concentración de su componente psicoactivo (THC) se mantiene en niveles bajos, en torno al 10-15 % como máximo. Incluso con fines terapéuticos en enfermedades terminales, el consumo de cannabis psicoactivo puede ser de bajo riesgo en comparación con sus beneficios.

Es impostergable una regulación global y un control legal del cannabis que establezca reglas transparentes para el uso de la droga más consumida en el mundo. Su regulación legal, correctamente administrada, podría disuadir a la gente de buscar otras drogas más peligrosas, que también están controladas por el crimen organizado. Tras su legalización, el cannabis debería considerarse tan riesgoso como las bebidas alcohólicas, pero ambos deberían restringirse en los espacios públicos, por ejemplo, prohibirse en los estadios de fútbol o en concentraciones masivas. Pero, como en el caso de las bebidas alcohólicas, existen enormes diferencias en la concentración de la sustancia activa, la dosis personal, la frecuencia y el contexto social en el que se consume. Estos factores del consumo de cannabis deberían ser objeto de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades sanitarias en los próximos años.

En general, se han adoptado dos modelos para la plena legalización del cannabis:

a) El mercado abierto de iniciativa privada, el modelo en varios estados de EE. UU.

b) El modelo restringido sin fines de lucro o de producción controlada y sin venta comercial, sino a través del autocultivo, la venta regulada en farmacias especializadas y el consumo en clubes cannábicos, que se ha implantado en Uruguay o Canadá, y que recientemente se ha aprobado en Alemania.

En mi opinión, el modelo más adecuado es la producción controlada y sin ánimo de lucro que Uruguay ha establecido desde 2014; no es un sistema perfecto, pero la perfección es enemiga de lo posible. Se ha dicho que sólo Uruguay podría hacerlo, dado que es un país muy pequeño con fronteras “controlables”. Pero todas las fronteras son porosas y, si otros países no legalizan la producción y consumo, será muy difícil contenerlo en un solo territorio. Lo que implica la legalización de la droga más consumida en el orbe es un compromiso global de los Estados y las sociedades para regularla. La reciente legalización en Alemania, tras la aprobación de su Bundestag, podría extender esta política a otros países de la Unión Europea. Ojalá en América, naciones como México se decidieran a actuar en esa dirección. Pero hay que advertir que el cannabis no debería entrar en un circuito comercial abierto, como el de las bebidas alcohólicas y el tabaco, cuya regulación se ha relajado y se ha permitido por años su publicidad comercial, con el consecuente problema de salud pública.

Como se ha establecido en Uruguay, es factible crear un sistema regulado de producción y distribución en clubes cannábicos (que gestionen personas con experiencia que puedan asesorar a los consumidores jóvenes) que no realicen comercio lucrativo, sino que produzcan para el consumo de sus socios, que deben estar registrados para que la autoridad pueda supervisarlos. Por supuesto, uno de los beneficios de este modelo son los elevados impuestos que se cobren a la producción y venta directa de cannabis, además de un adecuado control de calidad y baja concentración de THC. Este modelo de legalización es el más viable para que comience a extenderse gradualmente por todo el mundo.

La posible legalización de la producción controlada y el consumo restringido de cannabis implica que todos los países (y no solo los productores) sigan combatiendo con eficacia a los grupos de delincuencia organizada que explotan el mercado ilícito de sustancias psicoactivas, en particular del cannabis. La erradicación de todo el tráfico ilegal debe persistir e intensificarse, pero lo más importante es la necesidad de desmantelar las redes financieras, las cuentas bancarias en paraísos fiscales y la connivencia de los grupos criminales con los políticos y jueces corruptos, las fuerzas del orden y el ejército, como en el caso de México.

Por otro lado, la demanda de consumo de cannabis no se podrá abatir mediante un enfoque medicalizado, considerando el cannabis como cualquier otra “droga de abuso”; y tratando a todos los consumidores de cannabis, sin distinciones, como adictos. Las causas y consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas son mucho más complejas y antiguas en la historia de la humanidad (como ha demostrado Antonio Escohotado en su libro Historia General de las Drogas, 1989). Necesitamos mucha más investigación científica interdisciplinaria, que incluya la participación de personas expertas en ciencias sociales, sistemas jurídicos, bioética y filosofía. Pero es esencial distinguir entre un consumo medio bajo y un consumo problemático alto, de acuerdo con la propia experiencia de los consumidores, así como identificar claramente los riesgos para la salud del consumo frecuente de cannabis.

En efecto, que el cannabis sea de bajo riesgo en comparación con otras drogas no significa que no conlleve daños para la salud. Sabemos que el consumo frecuente y prolongado de cannabis (consumo diario o casi diario durante años) aumenta el riesgo de dependencia y puede provocar o agravar trastornos relacionados con la ansiedad y la depresión e incluso brotes psicóticos. Asimismo, fumar cannabis implica inhalar sustancias nocivas como en el tabaco, y que pueden provocar cáncer de pulmón o en otros órganos, además de enfermedades pulmonares y cardiovasculares.

No obstante, desde una perspectiva bioética, se puede argumentar que todo ciudadano adulto, mentalmente capaz, tiene derecho a experimentar con cualquier sustancia que le produzca estados placenteros o experiencias cognitivas alteradas, si no perjudica a otras personas ni impide los derechos de los demás.

Esta tesis se basa en el principio bioético de la libertad autónoma y en la inevitable tolerancia que el Estado está obligado a practicar en una sociedad en la que los ciudadanos tienen derecho a elegir sus propias formas de vida y de desarrollo de su personalidad, incluso aquellas que les produzcan daño directo a sí mismos, ya que el bienestar de cada persona es una cuestión que podemos promover socialmente a través de las instituciones públicas del Estado, pero no imponer por la fuerza.

John Stuart Mill formuló en Sobre la libertad (1859) los argumentos éticos clásicos sobre los límites que la sociedad y el Estado deben respetar frente a la libertad individual, ya que consideraba que ésta es el mayor bien social. El principio básico establecido por Mill es bien conocido: “En la parte que sólo se refiere a sí mismo, su independencia es absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano”.

También hay que señalar que la criminalización del cannabis se ha basado en prejuicios y estigmas sociales que han discriminado a muchas personas, principalmente jóvenes consumidores. Gracias a esta estigmatización y prejuicios sociales (reforzados por los medios de comunicación convencionales) el cannabis ha sido asimilado acríticamente (tanto en las leyes como en la información pública oficial) con otras drogas psicoactivas de mucho mayor riesgo y efectos sociales negativos, como la heroína, la cocaína o las anfetaminas.

Dicha estigmatización y discriminación social del consumo de cannabis ha impedido una adecuada investigación científica y médica, así como una identificación pertinente y oportuna de las conductas problemáticas debidas al consumo de riesgo. Necesitamos, por tanto, establecer los parámetros de consumo de riesgo, así como identificar las concentraciones de THC y las frecuencias de dosificación adecuadas, para demarcar los límites del consumo de menor riesgo.

En el futuro, las y los historiadores podrán señalar este periodo de “guerra contra las drogas” como una época de políticas basadas en prejuicios y estigmas sociales, falta de información pública y abusos de autoridad, que dieron lugar a violaciones deliberadas de los derechos civiles de muchas personas, principalmente jóvenes consumidores. Surgirá una demanda social de reparación colectiva por los abusos cometidos por los países firmantes de la Convención Única de la ONU sobre Estupefacientes de 1961, así como de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, contra sus propios ciudadanos que debían ser correctamente informados y, en todo caso, atendidos, si el consumo de drogas había dañado su salud; pero en lugar de ello, los gobiernos decidieron perseguirlos y encarcelarlos sólo por ser consumidores de cannabis.

El proceso de legalización del cannabis debe implicar que las autoridades de cada país controlen y supervisen la producción y distribución (compra-venta o intercambio social) a través de licencias y concesiones. La legalización conlleva también emprender campañas permanentes de difusión sobre los riesgos para la salud del consumo de cannabis, así como la promoción de investigaciones multidisciplinarias, con el fin de establecer parámetros de referencia sobre el consumo problemático o de alto riesgo, para mejorar los esquemas de tratamiento y ayuda médica para quienes, por convicción y voluntad propia, deseen aceptar estos tratamientos para abandonar el uso del cannabis.

Por consiguiente, en la actualidad ya no existe ninguna justificación para perseguir penalmente a los consumidores ni para prohibir todas las formas de producción y distribución de cannabis, ya sea con fines terapéuticos o recreativos.

Jorge Enrique Linares Salgado
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México

¹ THC: Delta-9-Tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo del cannabis. Cuando su concentración es menor al 1 % y solo se extrae el componente cannabidiol (CBD) para utilizarlo en diversos productos (cremas, aceites, gotas) se considera de uso terapéutico, por ello este derivado CBD ya ha sido legalizado en muchos países y ha creado un mercado mundial de estos productos.